El salvataje de los mineros chilenos convoca atención y solidaridad. Trabajadores atrapados que luchan por su vida provocan una identificación humanitaria, encomiable. El suceso no debería ocultar una faz obvia del desastre: la responsabilidad humana. Empresaria primero, estatal muy pronto. La chilena María Ester Feres, licenciada en Derecho, funcionaria en la Dirección de Trabajo trasandina desde 1994 a 2004, abordó los hechos con autoridad en un artículo titulado “Lo que sí debe sorprendernos e indignarnos”, accesible por Internet.

“¿Cómo es posible –interroga– que en un país con el grado de crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años no protejamos mejor la vida en el trabajo?” Y suministra cifras tan potentes como espantosas. En 2009, en Chile hubo más de 190.000 accidentes de trabajo. Entre ellos, 443 fueron fatales. Las víctimas mortales de la llamada “inseguridad” (crímenes cometidos por delincuentes) fueron 285. Sólo la cantidad de muertos por el tsunami es cotejable con la de los trabajadores.

En marzo de 2010, la tendencia a la muerte en siniestros laborales subió: trepó a 155 personas en apenas un trimestre.

La minería y la construcción son, usualmente, ramas de actividad con indicadores muy crueles. Feres agrega otro ejemplo fatídico: la industria pesquera, otro factor del crecimiento de las exportaciones de su país. Cincuenta y ocho víctimas fatales entre los trabajadores de la salmonicultura, ejercitada en condiciones deplorables.

La solidaridad, el empeño gubernamental por reparar lo reparable, no deberían opacar, más bien resaltar, esas causales estructurales.

Las campanas también doblan por la Argentina. En un reciente Congreso de Ciencia Política realizado en San Juan, el especialista Eduardo Mezio recorrió los datos de accidentes denunciados en las Aseguradoras de Riesgos de trabajo. Considerando la media de siniestros mortales ocurridos hasta 2008, apeló a una comparación: en ese terreno acontecen entre cinco y seis “Cromañones por año”.

La Corte declaró la inconstitucionalidad de varios artículos centrales de la Ley de Accidentes de trabajo, pero el Congreso no ha dictado una ley que los palie. La falta de decisión política se conjuga y supedita a la férrea objeción de las corporaciones patronales. Daniel Funes de Rioja, miembro de número de ellas, es uno de los adalides y justificadores doctrinarios de tamaña rémora.