El procurador general de la Nación, Esteban Righi, le pidió al Consejo de la Magistratura “que con carácter de urgente se extremen las medidas que correspondan para normalizar la situación” de “crisis institucional” en la Justicia Federal de Mendoza y se “garantice la seguridad de los magistrados encargados de llevar adelante las investigaciones” que vinculan a un grupo de jueces con el entorpecimiento arbitrario de las causas por violaciones a los derechos humanos o con su participación directa en los delitos. La presentación de Righi fue anterior al apartamiento del juez Walter Bento del expediente que involucra a los camaristas Luis Miret (suspendido) y Otilio Romano. Pero ya señalaba que “se ha alertado” sobre “amenazas contra el fiscal Omar Palermo y el juez Bento atribuidas a Otilio Romano”.