La presidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró ayer que el país cumplirá con los casi 6700 millones de dólares adeudados al Club de París. La posibilidad de un acuerdo para terminar con ese compromiso fue discutida en varias oportunidades sin que se arribara a alguna solución. Primero se buscó realizar un pago en efectivo con reservas internacionales, pero el desplome financiero que se desató ese año –en 2008– imposibilitó que se llevara a cabo. Luego de que lo peor de la crisis se disipó, el Gobierno volvió a manifestar su intención de negociar un plan de pagos con ese grupo de países. Estos solicitaron en ese caso la intervención del Fondo Monetario, algo que fue descartado de plano por los funcionarios del Ejecutivo nacional bajo el argumento de que la Argentina no aceptaría condicionamientos del organismo crediticio. No sería el primer caso de un acuerdo sin el FMI.

La relación del país con el Club de París viene de hace tiempo. Se trata de un foro informal de acreedores oficiales y países deudores, cuya función es coordinar formas de pago y renegociación de deudas externas de los países e instituciones de préstamo. Precisamente nació el 16 de mayo de 1956 para reestructurar una deuda argentina. En esa oportunidad, las autoridades argentinas mantuvieron una reunión con sus acreedores públicos para reprogramar unos 500 millones de dólares de deuda externa. En aquella fecha, se llegó al primer acuerdo de un país deudor y sus países acreedores. Desde entonces el Club lleva firmados más de 400 acuerdos con casi 90 países. Con la Argentina firmó ocho programas de reestructuración de su deuda bilateral con los países miembro.

Está integrado por Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Rusia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Dado que se trata de un grupo informal, carece de reglamentos internos que promulguen mecanismos formales de funcionamiento. “No existe un estatuto del club, sólo estándares o reglas usuales de aplicación. Se manejan con antecedentes y no con una carta orgánica. Por ello las reglas son informales”, explicó a este diario el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. En realidad se mueven bajo dos premisas: buenos usos y costumbres y solidaridad de acreedores. Este último punto implica que los países miembro que prestaron dinero, a la hora de cobrar sus deuda, lo hagan equitativamente. Una de esas premisas es la que actualmente tiene trabadas las negociaciones.

Previo a que se desatara la peor crisis financiera desde el crac del ’30, el Gobierno había dispuesto cancelar el total con reservas excedentes del Banco Central. En ese momento hubo apoyo de todo el establishment financiero y buena parte del arco opositor. De todos modos, la debacle de los mercados hizo que se dejara de lado la posibilidad de un pago en efectivo. “La voluntad de Argentina ha sido pagar sus deudas antes de que cayera Lehman Brothers, el escenario mundial cambió y seguimos con la misma vocación”, recordó ayer Cristina Fernández (ver aparte).

Un año después el ministro de Economía, Amado Boudou, anunciaba que se reabría el canje de deuda iniciado en 2005 y en aquellas oportunidad adelantó que el próximo paso sería normalizar la deuda con el Club de París. No bien se conoció esa intención, se reavivó el debate acerca de la forma en que se haría la reestructuración. A pesar de la delicada situación externa, algunos países miembro se mostraron intransigentes a que se realizara un pago cash o que se acordara con el FMI. Ambas opciones fueron rechazadas en varias oportunidades por los funcionarios de Economía y Finanzas, y hasta por la propia Presidenta.

La condición de una intervención del Fondo es parte de los “usos y costumbres” del club. El requisito de un acuerdo previo de ajuste estructural con el Fondo tiene que ver con las necesidades financieras de los países deudores. Sucede que la brecha que se genera a partir de la reestructuración de la deuda se cubre con el aporte de nuevos recursos por parte del organismo. En consecuencia, para conocer el importe que puede renegociar, el club necesita saber cuánto cubre el Fondo.

La Argentina dista de esa situación. Con una economía creciendo cerca de 9 por ciento, superávit gemelos y un fuerte proceso de acumulación de reservas, Economía estima que el país puede financiar su deuda sin facilidades del Fondo. Existen antecedentes al respecto, como Cuba, Angola e Irak, que no acordaron con el FMI. Lo mismo sucedió con Rusia, Indonesia y recientemente Nigeria.

También existen diferencias respecto del monto. Los acreedores hablan de casi 7000 millones de dólares, mientras que Lorenzino, al exponer la semana pasada en el Congreso, identificó 5871 millones. La diferencia está en el reconocimiento de los intereses.

Todavía no se sabe por cuál alternativa se inclinará Economía. Entre las ideas que más asidero recogieron se encuentra la posibilidad de un plan de pagos anuales. La iniciativa buscaría emular el acuerdo que se instrumentó con España por los casi mil millones de dólares que prestó como parte del blindaje de 2001. Serían pagos incrementales hasta concluir en un plazo de seis o siete años el total de la deuda. Boudou deslizó también la posibilidad de acordar país por país. En definitiva, la intención y los recursos para pagar están, sólo falta acordar la manera.