En los pasillos de la Cámara de Diputados comenzó a circular ayer la idea de convocar a una sesión especial para manifestar su descontento con el veto presidencial a la ley que lleva las jubilaciones al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil. En realidad, la Constitución nacional faculta a la Cámara de origen, en este caso la Cámara de Diputados, a insistir con la norma vetada por el Poder Ejecutivo, para lo cual necesita una mayoría calificada: dos tercios de los votos. Dada la relación de fuerzas del cuerpo, los propios opositores reconocen como prácticamente imposible alcanzar esa mayoría, pero de todas maneras especulan con la posibilidad de llamar a una sesión especial y así profundizar el costo político del veto de la presidenta Cristina Fernández. Una vez concluido ese intento, la oposición deberá esperar al próximo período legislativo para poder presentar un proyecto sobre el mismo tema.