La fiscal Cristina Caamaño, que investiga el asesinato del joven militante Mariano Ferreyra, tuvo varios aciertos de movida. El primero fue ir al lugar de los hechos con inusual premura. El segundo, apartar a la Policía Federal de la instrucción, ya que su conducta estaba cuestionada. En general, se dedicó de sol a sol a colectar pruebas, sin mayor estridencia mediática. El personal de la fiscalía la ayudó, prefirió recargarlos de labor a solicitar incorporaciones de personas que no conocía.

Caamaño “caminó” la zona, tomó nota de las cámaras de seguridad que, hoy día, proliferan en cualquier lugar de la región metropolitana. Solicitó todas las filmaciones, miró ese laberinto de imágenes. Se hizo de los “crudos” de C5N, se empeñó para que los testigos acudieran a declarar cuanto antes y sin citaciones forzadas, que podrían incidir en sus dichos. Calificó innumerable material filmado y fotográfico, se hizo diseñar croquis y una maqueta, tomó numerosas declaraciones, incluyendo la de un testigo de identidad reservada. Testigos y familiares de las víctimas coinciden en que fue continente y aguda a la vez.

El plazo del secreto del sumario está próximo a vencer, podría prorrogarse. La jueza Susana López, por lo que se conoce con las restricciones de rigor, viene haciendo buen tándem con la fiscal. Debe resolver sobre la situación procesal de los detenidos en pocos días. Básicamente, si los procesa y, en tal caso, definir los cargos que les imputa y si mantiene la prisión preventiva.

Todo indica que se procesará como autor material a Cristian Favale. La existencia del autor del disparo homicida organiza, por decirlo con verbo profano, el expediente. Las otras responsabilidades se eslabonan en torno de un homicidio calificado, sin duda. Las penas para eventuales instigadores, partícipes, encubridores o integrantes de una asociación ilícita se elevan en proporción al delito principal. Eso explica maniobras de algunos acusados que jugaban al Gran Bonete: si no hay un autor material, el delito puede ser tipificado como homicidio y lesiones en riña, con penas mucho menores.

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Estaría probado que Favale participó en los preparativos del ataque reclutando a los barrabravas que formaron parte del grupo agresor. Varios de ellos lo sindicaron como el organizador y alguno habría comentado que se jactaba de haber ido “calzado”, haciendo méritos entre los demás lúmpenes.

El dirigente ferroviario Pablo Díaz fue el armador del grupo y el convocante de los integrantes de la Unión Ferroviaria (UF), quienes (en mayor cantidad) integraron la patota.

La jueza deberá resolver hasta dónde “sube” la responsabilidad por el crimen. Díaz está muy implicado. Quizás haya pruebas suficientes para llegar hasta el Gallego Juan Carlos Fernández, el segundo de UF. Y habrá que esperar para saber si los elementos probatorios validan procesar al secretario general, el nefasto José Pedraza.

La empresa Ugofe, que habría otorgado licencias a trabajadores para impedir un corte de vías, está salpicada de complicidad. Pero las responsabilidades penales son personales. Cuando se abra el sumario, se conocerá si hay elementos para comprometer a sus titulares o a ejecutivos.

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La responsabilidad policial es otro desafío para las doctoras Suárez y Caamaño. Compañeros de la víctima denunciaron disparos con balas de goma de la Bonaerense (en Avellaneda) y “zona liberada” por la Federal en Barracas. La respuesta de la Federal es que obró conforme con el protocolo impuesto desde 2004 por los gobiernos kirchneristas: policías desprovistos de armas. Según su versión, se bastaron para impedir el enfrentamiento en las vías y perdieron jurisdicción cuando los dos grupos se bajaron de la vía. Ya en Barracas, había tres móviles de la comisaría 30ª que se abstuvieron de intervenir porque sus ocupantes estaban armados, circunstancia impertinente en una “protesta social”. Abogados querellantes y personas cercanas a la fiscal aseveran que esa autoexculpación es improcedente: ya no se trataba de una protesta social sino de un ataque armado a ciudadanos indefensos. La narrativa policial tampoco da cuenta de por qué la tan elogiada “Inteligencia” de la fuerza no se percató del desenvolvimiento de los hechos, que muchos uniformados vieron desde su comienzo y eran transmitidos por medios de difusión masiva.

Su Señoría debe calificar si hubo negligencia o dolo de la Federal, a esta altura suena injusto que la dispense de toda responsabilidad.

Si optara por la culpa quizás ahí se bifurquen los caminos de la Fiscalía y de las querellas, que consideran que hubo dolo policial.

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Tal vez no haya elementos incriminatorios, informan cerca de la pesquisa, para comprometer penalmente el empresario duhaldista Alberto Trezza. Ferrobaires fue beneficiaria de algunos de los recursos que Eduardo Duhalde reclamó al entonces presidente Carlos Menem para ser candidato a gobernador de Buenos Aires en 2001: el Fondo del Conurbano, la Zona Franca, la ruta 2, la traza del ferrocarril Roca.

Sea o no procesado, otras autoridades deben aplicar su lupa sobre Trezza, quien sigue manejando una trama oscura, que incluye perduraciones inexplicables y vergonzosas. Ferrobaires cuenta desde hace añares con oficinas en la estación Constitución, sin derecho ni motivo. Desde allí, se sabe más que se supone, regentea actividades oscuras varias, que se sustancian entre las multitudes que fatigan la estación. Esa canonjía, como tantas prácticas sindicales, forma parte de la trama que se devela por este crimen y que también debe integrar su reparación.

El ejemplo parece digresivo, no lo es tanto. Develar a los autores del crimen, sus instigadores y llegar hasta lo más alto de la cadena de responsabilidades penales es misión judicial, que parece ir llevándose a cabo correctamente. En el mejor de los casos, se sentenciará condenando a todos los culpables penales tras largos procesos.

En un sistema democrático la resolución un crimen político no se restringe (no debe restringirse) al ámbito de los Tribunales, aunque ése sea el primer estadio. Necesario, pero no suficiente. Desentrañar las responsabilidades políticas, gremiales y empresarias sobre el contexto que posibilitó el crimen forma parte de los deberes de los otros poderes del Estado.