El gobierno bonaerense refuta vaticinios de no identificadas ONGs sobre las tasas de prisionización y la cantidad de detenidos en comisarías. En vez de crecer, ambas disminuyeron, dice el Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales. Omite que Buenos Aires, siempre rondando las 30.000 personas privadas de su libertad, con oscilaciones de pocos centenares en más o en menos, tiene la tasa de prisionización más alta de la Argentina y la segunda de Sudamérica, sólo superada por Chile. Allí el presidente derechista Sebastián Piñera acaba de plantear el indulto a unos 10 mil reclusos, que son casi el 20 por ciento de toda la población carcelaria chilena, de 50.500. Ambos países sufrieron terribles incendios en unidades carcelarias inadecuadas. En la de Santiago, Chile, murieron 81 reclusos; en la de Magdalena, 36. Pero mientras el gobierno chileno busca descomprimir la situación, el bonaerense sólo toma medidas que la agravan. Piñera propone fijar requisitos menos exigentes para conceder la excarcelación, conmutar por trabajos comunitarios las condenas menores a un año, flexibilizar las condiciones de acceso a la libertad condicional, conmutar penas para presos de muy buena conducta e indultar a los enfermos terminales y a los presos mayores de 80 años, es decir todo lo contrario de lo dispuesto por el gobierno bonaerense. La disminución en el número de personas privadas de su libertad en comisarías fue consecuencia de la presión del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la audiencia sobre el tema convocada en Washington para fines de este mes. Pero aun así, el 30 de enero seguía habiendo 2.512 personas alojadas en esas sedes policiales, pese al inequívoco pronunciamiento en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el gobierno bonaerense incumple.