El perito Roberto Jorge Locles quedó muy comprometido y cerca de un llamado a indagatoria, ya que todos los testigos que presenciaron el momento en que –durante una junta de expertos– manipuló la bala que mató a Mariano Ferreyra sugirieron ante el juez Alberto Baños que habría actuado con la intención de alterarla. Según el acta que se labró en medio del increíble episodio y que llevó a que se iniciara una causa penal por posible destrucción de medios de prueba, el proyectil efectivamente quedó modificado. Algunos de los peritos sostuvieron en sus declaraciones testimoniales que estaría directamente inutilizado para ser sometido a nuevas pericias. Locles fue apartado de la causa en la que se investiga el crimen del militante del Partido Obrero, en la que representaba el interés de la mayoría de los integrantes de la patota de la Unión Ferroviaria que están detenidos y procesados por el crimen, aunque oficialmente estaba designado sólo por uno de ellos.

Baños podría definir en breve la citación a indagatoria, ya que la rueda de testigos terminó la semana pasada y todos pusieron en duda que la conducta de Locles haya sido accidental, según confirmaron a Página/12 allegados al expediente. Los relatos tuvieron varios puntos coincidentes: Locles, describieron, tomó la bala que causó la muerte de Ferreyra para hacer una demostración ante sus colegas cuando tenía otras tres o cuatro exhibidas y disponibles para ese fin; es infrecuente que los peritos hagan simulacros con la munición original que se utilizó en un asesinato; cuando es imprescindible manipular el proyectil, se hace con cuidados extremos; pero Locles hizo tres o cuatro golpeteos con la bala sobre una mesa de fórmica. El acta que se labró de inmediato decía: “Se hace constar que durante el manipuleo del proyectil extraído del cuerpo de Mariano Ferreyra por parte del licenciado Locles, le generó leves aplastamientos en parte de su ojiva”.

La reunión de peritos, que había sido ordenada por la jueza López, tenía el propósito de que unificaran criterios, ya que la pericia de Gendarmería sostenía que la bala rebotó en algo que podría ser el suelo y la de la Policía Federal decía que el disparo fue directo. Lo que generó las discrepancias fue que el proyectil, tal como estaba tras el homicidio, presentaba una abolladura, que la policía atribuía al posible roce con una costilla. Locles intentó instalar la teoría de que el proyectil rebotó con algo tan duro como el piso, argumento que los imputados pretenden usar para decir que no existió intención de matar. Cuando los peritos de ambas fuerzas y de la querella estaban cerca de consensuar un informe que incluyera las dos hipótesis, se produjo el incidente.

En la junta, que se había realizado el mismo día que fueron detenidos el líder del gremio José Pedraza y su número dos, Juan Carlos Gallego Fernández, estuvieron presentes el inspector Juan Andrés Leguiza, de la División Balística de la Policía Federal, y los policías Edgardo Ríos, Matías Romero Ale y Martín Descalzo, todos de la división; Gonzalo Bruno Díaz y María Lastretti, de Balística de la Gendarmería, y los peritos designados por la querella de Beatriz Rial (mamá de Mariano Ferreyra), Silvia Bufalini y Diego Gómez. Leguiza llegó a decir ante el juez Baños que era “la primera vez en la historia de la División Balística” que ocurría “una cosa así”, en alusión a la escena de Locles. Testificó que él lleva doce años en la dependencia, pero que el comentario surgió de compañeros suyos que llevan allí tres décadas.

El juez Baños intenta establecer si hubo intención de parte de Locles de destruir la prueba, si la bala quedó afectada o inutilizada y si lo ocurrido forma parte de un intento mayor –que incluya a otras personas– de embarrar la cancha en la causa en la que se investiga el ataque de la patota de la UF a los tercerizados y militantes sociales. Locles –que suele aparecer en causas de gatillo fácil y casos resonantes como el de Carlos Menem Junior– hizo una presentación espontánea ante el juzgado en la que intenta argumentar que su desempeño fue parte de un procedimiento normal. A fin de febrero dijo que la causa estaba “armada” y apuntó al desempeño de la Federal.

La defensa de Uño objetó su apartamiento de la causa del crimen de Ferreyra, un asunto que deberá dirimir la Sala I de la Cámara del Crimen. El tema podría quedar incluido en una audiencia prevista para el 31 de marzo, donde el tribunal tratará los reclamos de excarcelación e Pedraza y Fernández y escuchará a sus abogados.

La discusión en torno de la bala no modifica el rumbo de la causa principal, en la que es evidente que para la jueza López no cambia nada si hubo rebote o no porque está demostrado que hubo otras tres personas que tuvieron heridas de armas de fuego y que los disparos fueron al cuerpo. En el caso de una de ellas, Elsa Rodríguez, incluso apuntaron a una zona vital, que es la cabeza. Las defensas, de todos modos, intentarán sostener no sólo la teoría de Locles, sino su pericia, que argumentaba también que el disparo recibido por Mariano provenía de una distancia corta (6,58 metros), lo que insinuaba que el fogonazo no salió de la patota de la UF, sino de los propios manifestantes. Lo hacen con la expectativa de evitar una eventual condena a prisión perpetua.

Por lo pronto, los peritos se volvieron a reunir el 4 de marzo y le pidieron a la jueza nuevamente, entre otras cosas, datos sobre la autopsia, testigos que puedan precisar la ubicación de los tiradores (hasta ahora fueron identificados los barrabravas Cristian Favale y Gabriel Sánchez) y la víctima y una nueva reconstrucción en el lugar de los hechos.