Martin Hourest *

Considerar una mejor gestión de las empresas prestatarias de servicios públicos supone diferenciar por áreas. Existen variados instrumentos que desde el Estado pueden utilizar en la renegociación de las concesiones o para hacerlas caducar sin costo para el Estado.
En el caso de los corredores viales se destaca el incumplimiento de plazos contractuales, de las obligaciones tomadas y de comportamiento leonino en los ajustes de los peajes. La suma de estas irregularidades sería suficiente para anular los contratos.
El resultado de la privatización de los ferrocarriles fue no sólo un servicio ineficiente sino también la marginación territorial. Aquí no resulta razonable que el Estado continúe con una estructura de subsidios. Debería retomar la actividad o reducir al mínimo las transferencias.
Con respecto a las empresas petroleras hay que recordar que los hidrocarburos siguen siendo del Estado. Por lo tanto hay que regular la preservación del recurso, que no puede ser explotado a destajo como en la actualidad, y la renta petrolera. Esto supone controles en boca de pozo, retomar el manejo de las divisas del sector y, si caen concesiones, deben ser retomadas por el Estado a través de una nueva empresa o vuelto a concesionar en distintas condiciones. Por último, en el área telefónica debe cumplirse el compre nacional pactado en los contratos. La estrategia no debe pasar sólo por la cuestión tarifaria sino también por la creación y difusión de tecnología a través de una red de proveedores locales.

* Economista de la CTA.