El drama de Ana María Acevedo fue presentado ayer ante la CIDH como caso testigo de la violación de los derechos de las mujeres en el país cuando reclaman un aborto no punible. La mujer tenía 19 años, vivía en la localidad santafesina de Vera, era madre de tres hijos y, además, muy pobre. En octubre de 2006 le diagnosticaron un cáncer en la mandíbula. Tenía un embarazo de tres o cuatro semanas cuando solicitó un aborto terapéutico en el Hospital Iturraspe, dependiente del gobierno de la provincia de Santa Fe. Los médicos no sólo le negaron el acceso al aborto no punible –aunque su caso encuadraba en los permisos para abortar previstos en el artículo 86 del Código Penal–, sino que le suspendieron la medicación para el tratamiento de su enfermedad –para no afectar el desarrollo fetal–, lo que le provocó meses de un dolor insoportable.

El pedido de un aborto no punible de Ana María fue analizado por el Comité de Bioética del Iturraspe. La reunión quedó registrada en un documento. Muestra claramente lo poco que valía la vida de la joven para los médicos. Y precisa que “en este estadio de la enfermedad aún se puede hacer quimioterapia y radioterapia como chance para mejor calidad de vida”, pero “con el embarazo en curso ambas posibilidades terapéuticas se descartan”.

Ana María fue forzada a sostener un embarazo hasta la semana 24 de gestación. Cuando el parto se llevó a cabo, entró en coma farmacológico y días después murió. El bebé tampoco sobrevivió. Como resultado de una denuncia promovida por la familia Acevedo junto con abogadas de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, se abrió un causa penal que derivó en el procesamiento del ex director del Hospital Iturraspe y los jefes de servicio de ginecología y de oncología, por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.