La suerte de los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo y del ex juez Miguel Puga comenzará a resolverse hoy, cuando la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se expida sobre el pedido de prescripción elevado por los defensores, en la causa donde se investiga la responsabilidad de los magistrados durante la dictadura. Tal como informó Página/12, las defensas argumentan que el delito –esto es, privación ilegítima de la libertad agravada– no configura un tipo penal susceptible de ser encuadrado como delito de lesa humanidad. Esa había sido la calificación de Daniel Herrera Piedrabuena, juez federal subrogante de La Rioja, quien se hizo cargo de la causa tras el planteo de inhibición presentado por Alejandro Sánchez Freytes, juez federal de Córdoba.

El fiscal general subrogante del Tribunal Oral Nº 2, Carlos Gonella, sostuvo que “empezamos a ver que hubo una dictadura cívico-militar” porque “surge la responsabilidad penal de sectores de la Iglesia y del Poder Judicial”. Gonella había solicitado el lunes pasado que se rechazaran los recursos presentados por los tres imputados y que se dejaran firmes los procesamientos. En este sentido también se expidieron los abogados querellantes Juan Miguel Ceballos, Miguel Martínez y Miguel Hugo Vaca Narvaja, quienes solicitaron máxima celeridad en el esclarecimiento de los hechos.

Vaca Narvaja dijo que “muchos detenidos” denunciaron ante jueces o defensores oficiales que “estaban siendo torturados, golpeados o que se habían cometido asesinatos”. Sin embargo, “estas personas nunca actuaron en su carácter de funcionarios públicos”, recordó.

“Nos seguimos preguntando si esta Justicia federal está en condiciones de llevar adelante la investigación –dijo Vaca Narvaja–, porque el fiscal que actúa en la causa (en referencia a Gustavo Vidal Lascano), tiene vínculos de amistad y de compañerismo con gente que está imputada.”