En septiembre de 2006, luego de que Página/12 publicara el legajo del entonces diputado Juan José Alvarez que demostraba su paso por la SIDE entre 1981 y 1984, el Centro de Estudios Legales y Sociales le solicitó al entonces presidente Néstor Kirchner la nómina de integrantes de la SIDE entre 1974 y 1983, pidió información sobre los agentes que seguían en servicio y las medidas que se habían tomado para evaluar su idoneidad ética. En este caso, no se trataba de un pedido de hábeas data, como el expediente en el que falló ayer la Corte Suprema, sino de la desclasificación de información por parte del Poder Ejecutivo.

El CELS también le pidió al presidente el impulso de legislación que garantizara el acceso a la información y a documentos de inteligencia en causas judiciales e instó al Poder Ejecutivo y a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia a que “separen de sus cargos a aquellos miembros de la Secretaría de Inteligencia vinculados a graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar y que aún continúan en funciones”. A diferencia de otras iniciativas del CELS, el Ejecutivo no respondió el pedido.

Meses antes, el periodista Gerardo Young había publicado que hombres de confianza de quienes condujeron la SIDE durante el terrorismo de Estado ocupaban cargos en el organismo.

En enero del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner relevó de la clasificación de seguridad toda información o documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. La decisión permitió a la sociedad conocer los nombres del personal civil de inteligencia que revistó al servicio del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea durante el terrorismo de Estado. Pero no ocurrió lo mismo con sus colegas de la SIDE.