La Justicia actuó a favor de los ciudadanos: hizo lugar al amparo presentado con el fin de suspender el decreto de necesidad y urgencia firmado por Mauricio Macri que establecía penas de prisión para castigar conductas relacionadas con la obstrucción a la circulación de diarios.

El decreto, firmado por Macri y todo su gabinete, no es cualquier DNU. Se trata de una norma que no superaba las mínimas exigencias jurídicas y constitucionales. No era necesario, no era urgente y era groseramente general al abarcar conductas indeterminadas, lo que está prohibido en materia penal.

Pero lo más grave es que, con ese DNU, el jefe de Gobierno se arrogó la facultad de dictar normas penales e imponer penas de prisión, competencia exclusiva de los órganos legislativos en nuestro sistema constitucional. Eso es así porque está en juego la libertad de los ciudadanos y, si un presidente, gobernador o jefe de Gobierno pudiera establecer conductas castigadas penalmente, la seguridad de las personas estaría a merced del presidente o gobernador de turno quien, además, cuenta con la policía para hacer cumplir su deseo persecutorio.

Tolerar que un Poder Ejecutivo pudiera dictar normas penales sería ingresar en la vía de un peligroso autoritarismo. Mañana, Macri podría castigar con penas de prisión a los alumnos que tomaran colegios, porque él piensa que así atentan contra el derecho a estudiar y a educarse. Luego, a los cartoneros –como alguna vez lo dijo– porque “roban” basura de otros, o a los que atentan contra la cultura obstaculizando la ejecución de una obra teatral, y así en forma indefinida.

La Justicia, al suspender la vigencia del decreto, frustró esa voluntad autoritaria del jefe de Gobierno. El fallo se pronunció en defensa de los más básicos principios republicanos y democráticos, al resguardar la división de poderes e impedir que el Ejecutivo se arrogara funciones que no le otorga la Constitución. Por otra parte, actuó con celeridad para evitar la aplicación de la norma que estaba vigente desde su dictado, a pesar de no haber sido avalada por la Legislatura local.

Los verdaderos liberales, los que invocan lo mejor de esa tradición, deben sentirse satisfechos ante este fallo de la Justicia. Es una buena noticia, aun para quienes podían parecer protegidos por la sanción del decreto: cualquier otra resolución habría significado dejar nuestra libertad a la decisión de un gobernante, con la amenaza que ello acarrea, y nos colocaría muy abajo en el nivel de calidad democrática.

Frente a lo ocurrido es sorprendente el silencio de muchos constitucionalistas que, sin embargo, en otras ocasiones no dudan en hacer sesudos análisis sobre la calidad institucional y la independencia de poderes.

Pretender la defensa de este decreto, como parece indicar la voluntad del jefe de Gobierno de apelar la resolución judicial, es hacer caso omiso de las más mínimas exigencias democráticas. Quienes acompañaran esa decisión no harían sino dar muestras de una sumisión inaceptable y de un oportunismo que no duda en violar la Constitución para quedar bien o recibir algún aplauso.

Hay que defender la libertad de prensa y expresión, así como todos los derechos constitucionales. Lo que nunca puede hacerse es pretender defenderlos violando la propia Constitución. Aplaudir semejante atropello, convalidarlo o simplemente guardar silencio son diferentes formas de un oportunismo peligroso que al final del camino se vuelve contra todos.

El fallo de la Justicia es una señal positiva de que, a pesar de la irresponsabilidad jurídica y política del jefe de Gobierno, la Ciudad cuenta con garantías para poner freno a cualquier veleidad autoritaria y defender la libertad de los ciudadanos.

* Legislador porteño, Diálogo por Buenos Aires.