En la columna “Una bandera manchada”, publicada el jueves 9 en el matutino La Nación, Carlos Pagni sostiene que “el avance kirchnerista sobre las organizaciones de derechos humanos podría completarse con la aproximación del Gobierno al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Sobre todo si, como afirman funcionarios bonaerenses, las impugnaciones de ese Centro a la política de seguridad de Daniel Scioli y Ricardo Casal se interrumpieron, a pedido de la Presidenta, hasta que el gobernador consiga reelegirse”. Leímos esa insidiosa opinión después del mediodía, de regreso de la movilización en la que le reclamamos a los tribunales de San Martín (sobre los que Scioli y Casal presionan) para que profundicen la investigación por los crímenes cometidos hace cuatro meses por la policía en José León Suárez, confirmen la imputación a los presuntos autores materiales y determinen la responsabilidad de los jefes a cargo del operativo. También reclamamos por la responsabilidad política de estas muertes, consecuencia de las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno provincial y de la falta de voluntad para encarar una reforma profunda de la Policía Bonaerense. Para no ir más atrás, el 28 de marzo de 2011 presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, imágenes de la Unidad Penal Nº 48 y un diagnóstico sobre las terribles condiciones de detención que sufren los presos bonaerenses. El Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales de Scioli y Casal, César Albarracín, había negado las denuncias pero luego de ver las fotografías aportadas por el CELS, los comisionados le preguntaron si correspondían a casos reales, y Albarracín no pudo seguir negando. En abril también participamos en la defensa del juez de garantías de San Isidro Rafael Sal Lari y nos pronunciamos junto a más de trescientas organizaciones sociales, funcionarios judiciales y académicos en repudio a la persecución sufrida por el juez, utilizado como chivo expiatorio al que adjudicar las deficiencias de los tres poderes del Estado para implementar una política de seguridad eficaz. Cuando el jurado de enjuiciamiento suspendió a Sal Lari, expresamos nuestro rechazo ante la falta de argumentos para sostener la acusación y denunciamos la utilización del proceso para fortalecer los discursos de demagogia punitiva impulsados desde el Ejecutivo provincial. Del mismo modo, somos querellantes en la causa por la desaparición del adolescente Luciano Arruga y representamos a la familia de Mariano Ferreyra en las respectivas causas judiciales, que involucran a la policía de Buenos Aires. El CELS no deja de cuestionar ninguna violación a los derechos humanos. Son algunos medios influidos por el gobierno provincial los que invisibilizan nuestros actos y a veces los atribuyen a disputas políticas de las que no participamos. Por ejemplo, La Nación no informó sobre la movilización del jueves en San Martín ni publicó la respuesta que enviamos luego de leer la columna de Pagni. Les seguimos reclamando una rectificación de esas afirmaciones falsas y ofensivas, que sólo manchan la deontología del periodismo.