Cuando el gobernador Oscar Castillo anunció a las 12.30 la suspensión de los comicios, en realidad hacía pública una decisión que había tomado dos horas antes. A su alrededor la desazón había ganado a la mayoría de los miembros del oficialismo y no tardaron en comenzar los reproches por los errores cometidos. Cuando Castillo terminó su conferencia de prensa, la Casa de Gobierno quedó vacía, como en aquel 20 de diciembre cuando renunció Fernando de la Rúa.
Durante toda la mañana, Castillo estuvo reunido con su gabinete. Los colaboradores no dejaban de traer malas noticias de las diferentes localidades donde el justicialismo conseguía demorar y hasta anular la votación. ¿Qué hacer para detener al PJ?, fue la pregunta que más de una vez repitió el gobernador. No había respuesta, los ministros se miraban azorados como si los acontecimientos los superaran. Sabían que la estrategia de Luis Barrionuevo tenía una hora tope: las diez de la mañana. Si hasta ese momento no podían detener los comicios, ya no lo lograrían. Y los hombres del gastronómico se mostraban terriblemente eficientes.
Fue en ese momento en que reconocieron que el primer y mayor error que habían cometido era haber permitido que la junta electoral no habilitara al resto de los candidatos del PJ. Esa decisión más que favorecer a la fractura del PJ terminó por cohesionarlo. Los hombres de Barrionuevo se lo reconocieron a Página/12 al sostener que “de haber permitido la elección del resto de las candidaturas, no hubiéramos podido mantener la unidad”.
Varios de los ministros de Castillo quisieron buscar responsables de esa decisión. Esto produjo ásperas discusiones que distrajeron un tiempo fundamental para frenar la embestida justicialista.
El otro error que detectaron por esas horas fue la pasividad de la policía ante la actividad de los militantes del PJ. El receptor de la mayoría de las críticas fue el secretario de Seguridad, Rafael Caseaux, quien –según confiaron a este diario fuentes de gobierno– reconoció que “la policía no me responde”. Fue en ese momento en que pensaron convocar a la Gendarmería, pero chocaron con un Caseaux débil de carácter que al verse superado dijo que no se sentía con la fortaleza suficiente como para conducir semejante operativo. Los gritos se pudieron escuchar en los pasillos de la gobernación. Al final del día, rodó la cabeza del comisario Carlos Carabajal, jefe de la policía provincial, que renunció.
Al filo de la desesperación, Castillo tomó el teléfono y llamó al presidente Eduardo Duhalde: “Señor Presidente, le pido por favor que controle a Barrionuevo, póngale un freno”, prácticamente rogó. “Yo no controlo a ese personaje”, fue la respuesta que escuchó un ya demudado Castillo.
Habían pasado pocos minutos de las diez y los informes que llegaban del interior no podían ser peores. Había departamentos enteros donde no votó nadie –sobre todo en los que controla el PJ– y en otros muy pocas mesas habían logrado recibir a los votantes. Alguien recomendó llamar a figuras nacionales para que vengan a apoyar al gobierno y asegurar las elecciones. Llamaron a Raúl Alfonsín, que habría aceptado el convite.
Mientras el gabinete discutía a grito pelado, los empleados de la Casa de Gobierno estaban desorientados, confundidos. Caminaban por los pasillos sin saber qué hacer. Uno de ellos dijo que sentía que estaba viviendo como si fuera el 20 de diciembre, el día que renunció De la Rúa.
A las 10.20, Castillo tomó la decisión que menos quería. Les dijo a sus colaboradores que “hay que suspender porque no sé lo que puede suceder después”. Poco después, Horacio Pernasetti atendió a los canales de televisión nacional. A todos ellos le deslizó la posibilidad de que suspendieran las elecciones. “Está todo muy difícil”, reconoció a este diario. Tras dos horas de cabildeos, el gobernador convocó a conferenciade prensa para anunciar la peor de todas las noticias. Antes le comunicaron a Alfonsín que suspenda el viaje.
Mientras los periodistas abandonaban la Casa de Gobierno para dirigirse hasta la sede del PJ donde Barrionuevo iba a dar una conferencia de prensa, el gobernador y los ministros abandonaron sus oficinas. El primero en irse fue Castillo. A las 13 sólo quedaban una docena de empleados y la guardia policial.