La muerte no debe embellecer las biografías: Ramón Mestre, que era ministro del Interior durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, quedará en la historia como uno de los responsables políticos de una masacre que, sólo en la Capital Federal, les costó la vida a seis argentinos. Quedará también como un mentiroso, que dijo haber renunciado para eludir su participación protagónica en la carnicería, lo cual fue desmentido categóricamente por Fernando de la Rúa al autor de esta nota. El estilo elusivo, irresponsable, del dirigente radical de Córdoba ayuda a entender por qué la sociedad civil llegó al cuestionamiento total de la clase política.
Es verdad que en aquellos días Mestre estaba enojado con el presidente y se hablaba de su alejamiento y eventual reemplazo por Rafael Pascual, pero su firma aparece al calce de algunos decretos que luego serían investigados por la Justicia, como el 1682/01, que pondría “a disposición del PE nacional (Poder Ejecutivo) a 29 ciudadanos”, virtualmente secuestrados por la Policía Federal varias horas antes. Es curioso, Mestre firmó ese decreto en la tarde del 20 de diciembre, pero a los periodistas les dijo que había renunciado el día anterior.
El miércoles 19 de diciembre al mediodía, cuando salió de la famosa reunión multisectorial en Cáritas, tratando de eludir los huevazos del público, demostró que estaba tan cerca de la realidad como De la Rúa.
–¿De qué saqueos me están hablando? –les gruñó, mientras apuraba el paso, a los atónitos movileros.
Después de la tormenta, en un escrito presentado ante la jueza María Romilda Servini de Cubría, Ramón Mestre aseguró que “el 19 de diciembre había presentado su renuncia indeclinable al cargo (de ministro del Interior)”. Supuesta dimisión que no lo inhabilitó para participar –en la madrugada del 19 al 20– de la famosa reunión en el hotel Elevage adonde también concurrieron sus correligionarios Carlos Becerra (titular de la SIDE); el gobernador de Mendoza, Roberto Iglesias, y el de Río Negro, Pablo Verani. En tanto por el PJ hacían otro tanto el senador Eduardo Menem, el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, y el entonces gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf.
En una conversación destinada a juntar información para mi libro El Palacio y la Calle, Fernando de la Rúa me dijo textualmente: “Mestre ante mí no renunció nunca”. Como máxima concesión le abrió una pequeña puerta: su cacareada dimisión podía formar parte de la renuncia colectiva que el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, les requirió a todos los ministros para darle al presidente la chance de un eventual gobierno de coalición con los justicialistas. La utopía que habían ido a buscar al hotel Elevage, mientras los peronistas pensaban en otra cosa.
En una declaración ante el juzgado de Servini, el ex secretario de Seguridad Interior Enrique Mathov fue aún más lejos: “Desconociendo que (Mestre) hubiera formalizado su renuncia, por lo cual y para el caso, seguía siendo ministro hasta que le fuera aceptada la renuncia”. Se refería a la reunión del Consejo de Seguridad, celebrada el 19 de diciembre por la noche, que fue presidida por Mestre. Reunión en la que, dicho sea de paso, Mathov comenzó con sus teorías paranoicas sobre un eventual asalto de subversivos a la Casa Rosada.
Mathov, que obviamente quería disparar la responsabilidad política de los crímenes hacia arriba, también declaró que el día 20 de diciembre “el ministro del Interior se encontraba, a las 15 horas, en su despacho reunido con el declarante y a las 15.30 horas le pidió que presidiera la reunión del Consejo (de Seguridad)”.
El papel de Mestre en la declaración del estado de sitio, que provocó el cacerolazo del 19 al 20, ha quedado registrado con claridad en su propia declaración ante la Justicia, donde pretende justificar la medida de excepción basándose en una acordada de la Corte Suprema de 1985 que afirma: “El Poder Ejecutivo nacional tiene el derecho y el deber de investigar la violencia y el terrorismo”. ¿Qué “terroristas” desvelaban al ministro del Interior el 19 de diciembre?
Sin embargo, pese a tener un convencimiento ideológico que trae a la memoria los escritos fundantes del Proceso de Reorganización Nacional, fiel a su estilo, Mestre no dio la cara. En la misma conversación con este cronista a que se ha hecho referencia antes, De la Rúa dijo que él se vio obligado a anunciar personalmente la declaración del Estado de Sitio (lo que consideraba un grave error) debido a que “Mestre no quería hacerlo”.
En el expediente del 20 de diciembre figuran los cinco acuciantes llamados que el entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, recibió en su celular, instándolo a desalojar la Plaza de Mayo. Uno de esos llamados era del supuesto renunciante Ramón Mestre.
Para rematar su brillante actuación, en la tarde del 20 de diciembre, cuando ya se había consumado la masacre, Mestre se negó a recibir a los diputados opositores Marcela Bordenave, Luis Zamora y José Alberto Roselli, que fueron atendidos por un hombre asustado y confuso, el ex dirigente juvenil del radicalismo Lautaro García Batallán, quien admitió que la represión tenía un origen político: la decisión adoptada esa mañana en Olivos de no permitir que la Plaza de Mayo se llenara de manifestantes. Algunos de estos diputados incluirían después a Ramón Mestre en su denuncia contra De la Rúa y varios de sus funcionarios por los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, homicidio y los que resulten de la investigación”. Pero ni Mestre ni De la Rúa tuvieron mayores contratiempos con la doctora Servini de Cubría. Como tampoco los tuvieron la gran mayoría de los jefes policiales que participaron activamente en la represión.
La muerte, ahora, deja el juicio de Ramón Mestre en manos de la historia.