La ley que amplía el régimen de promoción a la industria del software fue promulgada ayer por la presidenta Cristina Fernández. La mandataria hizo el anuncio en su visita a Tecnópolis, durante la cual entregó la netbook número un millón del programa Conectar Igualdad (ver nota central). La nueva normativa extiende hasta 2019 el régimen de promoción, que incluye estabilidad fiscal y beneficia a empresas exportadoras y firmas pequeñas a las cuales se les flexibilizan los requisitos de ingreso. En los últimos dos años el régimen entregó beneficios por 630 millones de pesos. El sector del software creció fuertemente desde 2003, es de alto valor agregado y emplea mano de obra calificada. “En los últimos seis años, el de software fue el sector productivo que más creció. En la actualidad, la Argentina exporta software y servicios informáticos a 45 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Italia y España”, twitteó la Presidenta por la noche.

El sector de producción de software está compuesto por unas 3000 empresas, la gran mayoría de capital nacional, aunque dos mil son emprendimientos muy pequeños o monotributistas. Del resto, hay unas 50 grandes firmas, algunas de capital extranjero y otras nacionales, 250 pymes sólidas y alrededor 700 compañías más pequeñas. Unas 400 empresas explican la mayor parte del empleo total, que asciende actualmente a 60 mil trabajadores, el triple del registro de 2003.

El sector tiene ventas anuales por 2600 millones de dólares, de las cuales más del 80 por ciento es valor agregado. Las exportaciones en 2010 ascendieron a 663 millones de dólares. El promedio anual de aumento de las ventas externas en el período 2004-2010 fue de 21,8 por ciento, por encima del incremento promedio que mostraron las exportaciones de bienes (12 por ciento) y servicios (16,7 por ciento). El mercado mundial del software está dominado por los Estados Unidos, Europa y Japón.

El régimen de promoción del sector fue creado por la ley 25.922 en 2004. Otorgó estabilidad fiscal por 10 años (2004-2014), desgravaciones impositivas sobre el 70 por ciento de las contribuciones patronales y sobre el 60 por ciento del impuesto a las Ganancias. Para ingresar en el régimen, las empresas deben cumplir con normas de calidad, realizar gastos en investigación y desarrollo o tener una porción de las ventas destinadas al mercado externo. Actualmente el régimen beneficia a unas 250 empresas, en su gran mayoría de capital nacional, que explican más de un tercio del empleo total.

La ley que promulgó ayer la Presidenta fue sancionada por el Senado el 27 de julio pasado y extiende los beneficios fiscales y la estabilidad impositiva hasta 2019. También flexibiliza requisitos para que las empresas puedan ingresar al régimen. A diferencia de la norma anterior, que exigía que las empresas obtengan certificados de calidad para conseguir los beneficios, ahora las firmas tendrán tres años de “gracia” durante los cuales recibirán la desgravación sin tener el certificado, que según los empresarios supone un trámite costoso para empresas pequeñas.

Por otro lado, el sistema previo permitía deducir contribuciones patronales del pago del IVA, de lo cual los exportadores no podían obtener beneficio alguno. Ahora esas compañías podrán hacer la deducción del impuesto a las Ganancias. “La ley de software favorece a un sector muy dinámico, que emplea mucha gente y que produce trabajo de calidad”, afirmó el ministro de Economía, Amado Boudou. En tanto, la titular de la cartera industrial, Débora Giorgi, resaltó que el régimen es “una herramienta fundamental para hacer una industria cada vez más competitiva”.

Los empresarios del sector, favorecidos por los cambios, se mostraron conformes. “La prórroga hasta 2019 es positiva, otorga previsibilidad. También contiene mejoras importantes. En general, el régimen benefició al sector porque obligó a certificar calidad y formalizar las actividades, creó un ambiente de investigación y desarrollo y mejoró la competitividad externa”, señaló a este diario Fernando Racca, titular de Cessi, la cámara empresaria que agrupa a las firmas del sector. Esa entidad desarrollará un programa de capacitación para primeros empleos, financiado por el Ministerio de Trabajo.