Homicidios calificados reiterados, tormentos seguidos de muerte, tormentos reiterados, privación ilegal de la libertad calificada y sustracción de menores son algunos de los cargos en más de 700 causas por las que el represor Luciano Benjamín Menéndez fue a juicio en 1989, antes de ser indultado. “Se indultó a un procesado” dice la fiscalía federal en su pedido de inconstitucionalidad, recordando que el art. 86 (hoy art. 99 inc. 5) estipula que el Poder Ejecutivo “puede indultar o conmutar las penas por delitos (...) previo informe del Tribunal correspondiente”. Después de haber indagado en los archivos de la Casa Rosada, la funcionaria judicial asegura en su escrito que no existen tales informes que fundamenten el decreto presidencial. “Sostener que el indulto puede recaer sobre personas aún bajo proceso implica violentar el principio de inocencia consagrado en la Constitución Nacional”, argumenta, y agrega: “el indulto a un procesado vulnera el principio republicano de gobierno por cuanto el Poder Ejecutivo se estaría arrogando el conocimiento de causas pendientes”.