El proyecto de ley de fertilización asistida obtuvo ayer una aprobación en general en la Cámara de Diputados, pero no llegó a tratarse artículo por artículo, por lo que no logró la media sanción y quedó pendiente para el año próximo. La votación fue un gesto político de apoyo a un proyecto que de todas maneras se caía por la falta de acuerdo en la letra chica y la cercanía de la medianoche, cuando expiraba el período de sesiones ordinarias y la Cámara no podía seguir debatiendo.

El texto de ley buscaba que tanto el diagnóstico como las técnicas de reproducción se incluyeran en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Es decir que el sistema de salud público, las obras sociales y las prepagas incorporen a sus prestaciones la cobertura integral e interdisciplinaria de las técnicas necesarias. Pero, ¿quiénes serán los beneficiarios? ¿El Estado debe garantizar el derecho a la reproducción sólo a las personas infértiles o a todos y a todas, lo que implica incluir a las parejas de lesbianas y personas solteras? A último momento y tras un polémico debate arrastrado desde comisiones, los diputados no se pusieron de acuerdo y pospusieron la definición particular del tema.

La iniciativa impulsada por la diputada Silvia Majdalani (PRO) pretende que el nivel adquisitivo no sea determinante de la posibilidad de formar la familia buscada. Según cifras de la OMS, entre un 10 y un 15 por ciento de las parejas padecen de infertilidad al menos una vez. Esto marca, para la impulsora del texto que obtuvo dictamen de mayoría, que se trata de una “problemática social”, ya que afecta a “una de cada seis personas, que no puede construir una familia” del modo en que desea. Por eso, “el primer objetivo del proyecto es amparar a las parejas que no pueden concebir biológicamente ni tienen los recursos para costear un tratamiento”.

El texto de Majdalani pone en foco que la esterilidad y la infertilidad son enfermedades y plantea que el Estado les garantice la cobertura de sus tratamientos. Arribó al recinto con dictamen de mayoría, tras pasar por las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Familia, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. Con minoría, había llegado el impulsado por la diputada Marcela Rodríguez, que cambia el enfoque de la problemática: lo que el Estado debe garantizar es el derecho a la reproducción humana. Es decir, permitir también a las mujeres lesbianas y a las solteras, que no tienen problemas de infertilidad, beneficiarse de igual modo que las parejas heterosexuales. “Todas las personas tienen el derecho a vivir en una sociedad que no ignore sus experiencias de vida, el derecho a verse reflejadas en su cultura y en su sociedad”, había asegurado la diputada Rodríguez.

Los asesores de cada diputado corrieron hasta última hora. Pretendían realizar dos modificaciones al proyecto para que la norma no excluyera a las parejas lesbianas y a las madres solteras y permitir que la discusión avanzara en el Senado. Los cambios iban a ser, en primer lugar, quitar el párrafo que señala que la obligatoriedad de la cobertura es sólo exigible por las personas que no tienen hijos fruto de su relación actual, es decir sólo para cuando se diagnostique la infertilidad. Para la OMS, la infertilidad se presenta cuando después de un año de mantener “relaciones sexuales activas” sin cuidarse, la mujer no ha quedado embarazada. La segunda introducción propuesta era agregar un párrafo en el artículo 23 que asegurara que la reglamentación de la ley no podría establecer “limitaciones por orientación sexual”. Pero, apenas pasadas las 23 de ayer, los legisladores no llegaron a zanjar el debate, que quedará para el año próximo.

El Inadi se había expedido la semana pasada en un dictamen en el que tachaba de “discriminatorio” el requisito de presentación de un diagnóstico de infertilidad para acceder a las técnicas de reproducción asistida, ya que excluye de la cobertura a las parejas de mujeres, mujeres solteras y parejas heterosexuales sin diagnóstico. En ese sentido, el interventor del organismo, Pedro Mouratian, señaló que si se hubiera aprobado la norma propuesta por Majdalani se hubiera legislado “sólo para algunas personas, excluyendo a otras en igualdad de condiciones” y recomendó que “siguiendo los lineamientos de los derechos humanos es preciso que el derecho avance en un sentido progresivo y no restrictivo”.

La referente de 100% Diversidad y Derechos Andrea Majul señaló a este diario que el proyecto de ley que recibió el sí a medias de Diputados no logró tomar registro de que “las familias comaternales y monoparentales son una realidad que no sólo existe, sino que está aumentando”. La militante de derechos igualitarios y beneficiaria de una fertilización asistida por la que es madre de trillizos de cuatro años explicó que, sin las modificaciones, la norma “pedía a las mujeres lesbianas y solas un requisito que no pueden cumplimentar, es decir, no sólo discriminaba por orientación sexual sino por el modelo familiar”.

Informe: Rocío Magnani.