El apoderado de la querella de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en la causa por defraudación del programa de viviendas sociales Sueños Compartidos, Eduardo Fachal, consideró que el dictamen del fiscal federal que actúa en la causa, Jorge Di Lello, “demuestra que (el ex apoderado de la asociación) Sergio Schoklender se aprovechó de las circunstancias, el nombre y el prestigio que tenían las Madres para satisfacer su afán de enriquecimiento propio”. En diálogo con Página/12, además, remarcó que la fundación “ya está afrontando” juicios civiles por deudas impagas con proveedores y trabajadores y que, según entiende, por eso el fiscal aludió a la responsabilidad civil de Bonafini.

–¿Qué opina del dictamen de Di Lello?

–El fiscal pide la declaración indagatoria de varias personas por participar de al menos tres delitos: lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación ilícita. Además hace una mención a Hebe y explica por qué considera que no tiene responsabilidad penal, pero sí responsabilidad civil o comercial. Evidentemente consideró que mujeres muy mayores de edad no estaban al tanto de todas esas maniobras fraudulentas que realizaban los hermanos Schoklender (Pablo también fue mencionado por el fiscal), (el empresario Alejandro) Gotkin y otro montón de personas que el ex apoderado ubicó en el núcleo de la administración de la fundación. También que se aprovechó de las circunstancias del nombre y el prestigio que tenían las Madres para satisfacer su afán de enriquecimiento propio y un modo de vida no acorde con lo que eran los mismos ideales de las Madres y los hijos de ellas. Aportamos documentación que prueba ambos delitos. Son documentos que comprometen a varias de las personas que los hermanos Schoklender introdujeron en la fundación para manejar dinero o la parte contable.

–¿Qué significa esa responsabilidad civil?

–No hay delito penal. Las personas jurídicas no cometen delitos, pero sí pueden hacerlo sus responsables. En el caso de la fundación, Hebe encabezaba el consejo de administración y, por lo tanto, es la responsable de todos los reclamos comerciales que le puedan hacer. De hecho, la fundación está afrontando varios juicios de este tipo en los que proveedores y trabajadores reclaman dinero por servicios impagos.

–¿Podría esa mención acarrear otras consecuencias para la fundación, además de los juicios?

–Por esos juicios la fundación ya tiene ocho pedidos de quiebra. Lo más grave que puede pasar es que efectivamente la fundación quiebre por no poder pagar las deudas. Hasta ahora se están respondiendo todos los reclamos judiciales. Todo el dinero que hoy falta es el que defraudaron los hermanos Schoklender y el resto de los integrantes de la asociación ilícita que conformaron aquellas personas que él trajo.

–¿Cómo evalúa el pedido de indagatoria de Alejandra Bonafini?

–La hija de Hebe no formó parte de la fundación más que en un período muy corto que duró su administración. De todos los documentos que emitió el Banco Central sobre los movimientos de sus cuentas bancarias hay dos reportes sospechosos. Tendrá que dar ella las explicaciones del caso. A nosotros no nos consta ni hemos tenido ningún tipo de prueba de que haya defraudado a la fundación.