El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe solicitó ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia que “se tomen medidas restrictivas” en relación con las salidas transitorias concedidas a Víctor Brusa, Eduardo Ramos y María Eva Aebi, condenados por delitos de lesa humanidad, y exigió que esos beneficios queden a cargo de la Dirección de Control y Asistencia Post Penitenciaria, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penales de la cartera. La solicitud fue realizada “en virtud del impacto que estos beneficios representan para víctimas, testigos, querellantes y familiares”. Ayer a la mañana, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz, presentó un escrito en el que manifiesta al tribunal que “es público y notorio que Brusa, Ramos y Aebi fueron condenados por la comisión de gravísimos delitos de lesa humanidad”, imputaciones sobre las que “no debe soslayarse que se cometieron como parte de un plan de ataque generalizado en contra de la población civil, donde se cercenaron garantías individuales y donde se utilizó el aparato estatal para su comisión, encubrimiento y el mantenimiento de impunidad para los perpetradores, situación que se mantuvo durante 30 años”.