En su lista de reclamos gremiales a la Presidenta, Hugo Moyano destinó una de las cartas a una de las preocupaciones que unifican a todo el arco sindical: la crítica situación de las obras sociales. El camionero repasa desde la historia de las primeras mutuales obreras y su proliferación durante el gobierno de Perón hasta volcar duras críticas a la gestión de la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, a quien acusa de haber puesto bajo sospecha a toda la dirigencia sindical por el manejo de las obras sociales y, aunque no lo menciona, que llevó tras las rejas al bancario Juan José Zanola. Luego, Moyano enumera una larga lista de cuestionamientos entre los que, a la cabeza, figura la devolución de los 12 mil millones de pesos de las obras sociales que –insiste– se “apropió el Estado” provocando “su desfinanciamiento”.

En la misiva, Moyano acusa a Ocaña de haber instrumentado una serie de controles sobre las obras sociales “creando una bestia burocrática perversa que terminó por perjudicar a los afiliados”. “Ocaña –continúa la carta de Moyano–, quien por incapacidad, por su origen ideológico, o promovida por oscuros intereses económicos, se encargó con empeño de sembrar un manto de sospechas sobre el sistema solidario de salud sin prueba alguna y en forma descarada”, “principalmente a través de los medios masivos de comunicación” y “del terrorismo informativo”. El mismo “método y modus operandi difamador”, que, según Moyano, Ocaña “utilizó contra el propio gobierno nacional una vez concluida su tarea desestabilizadora en su breve paso por la administración pública”.

Para “reparar” esta situación, el líder de la CGT propone una lista extensa de decisiones que el Gobierno debería adoptar. Entre ellas que “se elimine el sistema de opción de cambio de obra social” que se habilitó a los trabajadores, “se actualicen los aportes de los monotributistas, jubilados, monotributistas sociales, empleados domésticos a valores que sean superiores a los aportes de los trabajadores en relación de dependencia”; y que “se establezca una nueva administración de los recuperos o financiamientos de las prestaciones de alta complejidad que esté a cargo de los trabajadores y que controle el Estado”.

Tampoco faltaron entre los pedidos la devolución y el reclamo de más recursos. Como la “distribución mensual” a las obras sociales de “la totalidad” de los que recauda el Fondo Solidario de Redistribución. Del mismo modo, se pide “afectar” los montos acumulados en ese mismo fondo –“más de 12 mil millones de pesos” que el Estado adeuda a las obras sociales– sobre los cuales el Gobierno se “había comprometido” a realizar “un avance de mil millones”, pero que –según Moyano– “sólo se cumplió con el 25 por ciento”. El camionero sabe con creces que la delicada situación de las obras sociales y las soluciones que planteó en la carta a la Presidenta las firmarían todos los gremios, más allá de sus diferentes alineamientos políticos. Así se coloca nuevamente al frente de los reclamos más sentidos dentro de la central sindical.