Liliana Isequilla estuvo al frente de la boca de expendio de la obra social de Uatre, Osprera, en la localidad de Bernardo Larroudé, Intendente Alvear, por más de diez años. En ocasiones, también atendía en General Pico, ya que su marido, Carlos Isequilla, delegado provincial, cumplía funciones allí. Desde que la obra social pasó a llamarse Osprera (antes era Issara), Liliana trabajó sin estar registrada. Recién fue formalizada, como colaboradora gremial, en 2007, aunque para la Uatre y el Renatre era una trabajadora rural, ya que le habían entregado la libreta de peón. Se le pagaba medio sueldo, aunque cumplía ocho horas de trabajo, y atendía en un local aledaño a su domicilio particular. A pesar de esas condiciones laborales, para ella ser parte de la obra social y del gremio era más que un trabajo.

“A Venegas le creía, yo me creí todo, en serio. Venían y nos capacitaban, nos adoctrinaban. Yo tenía la camiseta puesta. Pero cuando después vi lo que hicieron con nosotros, me di cuenta de que hacían con el trabajador todo lo contrario de lo que pretendían defender –contó Liliana a este diario–. Cuando en las reuniones yo hablaba de todo esto, todos me aplaudían. Pero me estaba convirtiendo en una piedra para ellos.”

La obra social que depende de Uatre, cuyo titular es Gerónimo “Momo” Venegas, emitió una nota interna firmada por Delia González, delegada provincial, que depende de Marcelo Pascuali, gerente de Prestaciones, en la cual fijó un límite de dos bonos de consulta mensuales por paciente. Es decir que a partir de la tercera consulta, o el tercer pedido de un examen médico, las órdenes se retaceaban. Según explicó a este diario el director de una obra social gremial, este tipo de prácticas está prohibido por la Superintendencia de Salud. “No puede haber límites a las prestaciones. Si firmaron esa resolución interna, están en falta”, sostuvo.

“El peón va al médico cuando ya está hecho pelota, es decir que necesita ser atendido de inmediato. Si la obra social tardaba cinco meses en autorizarle un estudio, iba y lo pagaba por su cuenta o se atendía en el hospital público, que por suerte en La Pampa es muy bueno. Después tenía el derecho de reclamar un reintegro, que nunca llegaba. Ahí estaba la trampa. Delia González sumaba todas las recetas que nunca fueron reclamadas y luego pedía el reintegro al prestador privado, pero esa plata no volvía al trabajador”, explicó Liliana. “Yo era una piedra en sus zapatos porque hablaba de estas cosas”, agregó.

A partir de este mecanismo sistemático, había casos en los que una orden ingresaba en la obra social en octubre y recién era aprobada en marzo del año siguiente.

El telegrama de desvinculación de Liliana está fechado el 24 de noviembre de 2008, un día antes de que su marido, Carlos Isequilla, tuviera un accidente automovilístico. Ese día también lo despidieron a él, aunque la decisión de desplazarlos ya había sido firmada el 5 de noviembre de ese mismo año, a través de una resolución interna del gremio. Después del accidente, Liliana le envió a Gerónimo Venegas una carta narrando que sus problemas habían comenzado cuando en un encuentro nacional de mujeres, presidido por Carolina Llano, había contado, ante la presencia de Pascuali, las fallas de la obra social, entre ellas el retraso sistemático en la entrega de las órdenes y cómo se vulneraban los derechos de los trabajadores.

Venegas nunca respondió la misiva. Así que Liliana escribió una segunda, que le fue entregada en mano en la reunión del 5 de febrero de 2009. “Yo no sé qué pasa en La Pampa que no se ponen de acuerdo en la clínica con las prestaciones, las negociaciones son difíciles”, afirmó Venegas durante ese encuentro.