“Se supone que todos los ciudadanos son iguales y que pueden negociar y disponer de sus derechos libremente, pero no es lo que pasa en la realidad de los contratos”, advierte Ricardo Lorenzetti. “Una persona común y corriente –ejemplifica– no tiene el mismo poder de negociación que una empresa grande que le da servicios. Tampoco lo tiene si contrata por Internet, no puede discutir nada. La vulnerabilidad puede ser económica, pero también existe cuando uno hace ‘click’, en el ‘click agreement’ (acuerdo) y acepta todo. Si uno va en colectivo o contrata un servicio telefónico, también termina teniendo que adherir, y si no le gusta lo tiene que dejar”, señala. Frente a estas situaciones, dice el juez, no basta la ley que protege a los consumidores, por eso ahora “se prevén mecanismos para cuestionar judicialmente cláusulas abusivas, incluso en los créditos, y para dejar sin efecto contratos que se suscriben fuera del establecimiento comercial”.