- Despenaliza la adquisición, tenencia y cultivo de drogas, cuando por su escasa cantidad fuera para consumo personal y no peligre la salud de terceros.

- Pena con prisión de 6 meses a 3 años el uso de drogas con ostentación y trascendencia al público e impone penas más duras cuando se comete apología desde los medios masivo de comunicación.

- Impone penas de hasta 25 años para quien organice, dirija o administre una red de producción, fabricación, comercialización o distribución, nacional o internacional. Y distingue y aminora las penas para quienes forman parte de una organización pero no la encabezan.

- Mantiene la penalización de la tenencia cuando la cantidad exceda del consumo personal y no involucre comercialización, aunque es excarcelable.

- Permite las publicaciones dirigidas a reducir el daño provocado por el uso de drogas.

- Redefine la condición de testigo de identidad protegida, ofreciendo más garantías para preservar su identidad y dando derecho a la defensa del acusado si el testigo declara en el juicio.

- Se regula más específicamente el accionar del agente encubierto, la duración, los alcances de su función, la proporcionalidad en caso de que deba cometer ilícitos. Además, los agentes de las fuerzas de seguridad no están obligados a trabajar encubiertos.

- En el caso de los imputados en delitos de drogas que colaboran con la causa, se prevé la exención de pena o reducción por debajo del mínimo para el que identifica al jefe de la banda o desbarate una organización. No podrá denunciar a alguien de menor jerarquía de la banda.

- Los profesionales del arte de curar serán penados y multados por expender sustancias con recetas pero en cantidad indebida, sin receta o falsificándola.

- Los funcionarios públicos que faciliten la producción, tráfico o comercio de drogas podrán percibir penas en el doble del mínimo y del máximo.