El gobierno nacional habría estado al tanto de la intención judicial de desalojar la fábrica Brukman porque la Policía Federal realizó tareas de inteligencia previas. Así lo afirmó ayer Luis Zamora, diputado nacional de Autodeterminación y Libertad (AyL), quien tuvo acceso al expediente. “Hace 20 días el juez (Jorge) Rimondi había pedido a la Federal, que depende del Gobierno, que hiciera inteligencia para determinar el día más adecuado para recuperar la textil”, expresó ayer el legislador y candidato a jefe de Gobierno porteño. Por otra parte, la sala VII de la Cámara del Crimen ratificó la resolución que dispuso el desalojo al rechazar el recurso de revocatoria que habían presentado los abogados de los trabajadores.
Los camaristas Abel Bonorino Pero y José Manuel Piombo ratificaron la decisión de restituir la empresa a sus dueños y así cerraron toda negociación futura por entender que “el caso ya tuvo su debida sustanciación”. Altas fuentes judiciales consultadas por la agencia DyN precisaron que “en el marco de la Justicia no hay más alternativas porque el derecho de propiedad está legislado y es lo que está primando en este caso”. Las fuentes consideraron que “los dueños quieren su planta y los ocupantes pretenden un modelo de autogestión, la Justicia ya se pronunció tal como lo ordenó la Cámara, por lo tanto la negociación ahora pasa por el ámbito político”. De hecho, la ministra de Trabajo Graciela Camaño mantuvo una larga conversación con el juez de la causa Jorge Rimondi, para interiorizarse del expediente. Camaño se habría enterado que los dueños de Brukman manifestaron su “decisión” de volver a poner en funcionamiento a la fábrica con el plantel de trabajadores con que contaba antes de la primera ocupación. Según DyN, los empresarios le aclararon al juez Rimondi que ninguno de aquellos empleados fue despedido, por lo que todos estarían en condiciones de retomar sus tareas, aun el medio centenar que mantuvo ocupada y funcionando la planta bajo un modelo de control obrero.
Rimondi advirtió ayer que la Justicia investigará “si ha habido algún tipo de conducta ilícita” tanto “en el accionar de la policía” como de “alguno de los manifestantes” que reclamaban reingresar a la fábrica. Y negó que la policía tenga permitido utilizar balas de plomo. Por su parte, Jaime Muszkacz, abogado de la empresa, consideró que la toma de la fábrica textil estuvo “politizada” por “un minúsculo grupo de trabajadores” y despegó de la violenta represión policial a los propietarios de la empresa, al asegurar que son “totalmente ajenos a los hechos”.
Zamora recordó que estuvo en el lugar de los hechos y enfatizó que “fueron los trabajadores los que decidieron avanzar sobre la fábrica y no agitadores, como se dijo”. Además, sostuvo que se trató de una “decisión política” tomada “cuatro días antes de las elecciones” la que tomó la Cámara.