La jueza Edith Cristiano, a cargo del Juzgado del Trabajo de Río Grande, dispuso ayer “suspender los derechos políticos y económicos de las 45.212.888 acciones de YPF que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)”. La medida se realizó atendiendo al reclamo de un grupo de ex agentes de YPF, que pretenden que se les reconozca el derecho a un porcentaje del paquete accionario de la compañía. Las acciones son representativas del 11,5 por ciento del paquete accionario de YPF que éstos le disputan desde hace tiempo a Repsol. Los papeles de la petrolera en Wall Street cayeron 3,9 por ciento. En la Bolsa porteña el desplome fue de 4,7 por ciento.

La medida judicial se mantendrá hasta tanto se resuelva la nulidad planteada por la Federación de Ex Agentes de YPF, respecto de las ventas accionarias que realizó Repsol en marzo de 2011. En ese momento, los demandantes sostienen que Repsol violó una orden judicial emitida por el juez federal Oscar Valentinuzzi en la que se le impedía vender sus acciones en YPF, con motivo de un reclamo realizado por la Federación en nombre de sus 25.000 representados.

El reclamo de los ex empleados se fundamenta en la decisión del gobierno de Carlos Menem, a través de Ley de Reforma del Estado, de poner en venta las empresas públicas de la Argentina contemplando que en la venta de los paquetes accionarios, 10 por ciento del capital social pasaría a propiedad de los empleados a través del denominado “PPP” (Programa de Propiedad Participada). Sin embargo, en 1997 el Estado nacional y el directorio de YPF autorizaron y gestionaron la venta de las acciones Clase C sin contar con la aprobación de este grupo.

Ese proceso privatizador contó con el visto bueno de las calificadoras de riesgo, que ahora castigan fuertemente la decisión del gobierno argentino de expropiar el 51 por ciento del paquete accionario de YPF en manos de Repsol. La agencia Standard and Poor’s (S&P) rebajó de “estable” a “negativa” la perspectiva económica y financiera para la Argentina, lo que podría implicar un recorte en la nota “B” que tiene el país en materia de deuda soberana. “En nuestra opinión, las recientes políticas del Gobierno aumentan los riesgos del marco macroeconómico de Argentina, exprimen su liquidez externa y estorban sus perspectivas de crecimiento a mediano plazo”, argumentó la calificadora. Del autoabastecimiento de combustibles, ni palabra.