En el décimo día de paro, el conflicto del subte entró en una zona de riesgo de desalojo. El fiscal porteño Federico Villalba Díaz le pidió formalmente a la jueza Patricia López Vergara la “intervención de la fuerza pública que correspondiera” para restablecer el funcionamiento de los subtes. “Que decida la jueza con qué fuerza es mejor intervenir, ya sea la Metropolitana, la Federal o Prefectura, que son las que actúan en la ciudad de Buenos Aires”, dijo el fiscal al confirmar el pedido de desalojo. Tras la firma del acuerdo y el levantamiento del paro, en los tribunales quedaron otras dos causas en curso.

Una, promovida por el fiscal Luis Cevasco, pide investigar si los representantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) incurrieron en delitos o contravenciones al lanzar un paro de estas características sin tener personería jurídica. La otra denuncia fue promovida por la empresa Metrovías por presuntos daños en las instalaciones de subterráneos.