Un relevamiento de Abuelas de Plaza de Mayo indica que entre enero de 2006 y julio de 2011 se iniciaron por lo menos 44 causas sobre apropiación de hijos de desaparecidos en Capital Federal, San Isidro, Lomas de Zamora y Morón. Se analizaron en forma detallada 41 casos: en los 31 en que se hicieron pruebas de ADN, la concreción de ese examen a las posibles víctimas demoró 21,2 meses, es decir casi dos años, y en el 12 por ciento de los casos el resultado fue positivo, es decir, se confirmó la apropiación; en tres casos la decisión de descartar hacer esos estudios tardó 13 meses; los siete casos sin resolver llevan 44,8 meses de trámite. La mayoría de las denuncias surgió de Abuelas y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Hubo seis surgidas en el Poder Judicial, una de un organismo público y sólo una del Ministerio Público (fiscales). Apenas tres investigaciones fueron delegadas en la fiscalía. Los fiscales intervinieron 1,16 vez para pedir medidas de prueba. La mayoría lo hizo sólo una vez, al momento de impulsar la instrucción de la causa. Estos datos fueron entregados por Estela de Carlotto a la nueva procuradora a poco de asumir, con la propuesta de crear una fiscalía especial para la apropiación de niños.