“O tenemos una Corte para la democracia o tenemos una Corte para la impunidad.” El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, hizo esta definición ayer luego de un encuentro con seis organizaciones no gubernamentales con las que discutió los mecanismos de renovación del máximo tribunal. Allí, el Gobierno se comprometió a no reemplazar una Corte adicta por otra, sino a garantizar el nombramiento de jueces independientes e idóneos profesional y moralmente. El ministro se refirió en duros términos a los actuales magistrados: “Muchos miembros de esta Corte están emparentados con el delito”, afirmó.
Beliz, junto al viceministro Abel Fleitas y el subsecretario de Justicia, Pablo Lanusse, se reunió ayer, en el edificio donde funcionan las ONG Poder Ciudadano y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con representantes de esas organizaciones y de la Asociación por los Derechos Civiles, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Unión de Usuarios y Consumidores. “Nuestro propósito es trabajar en conjunto con la sociedad civil para definir métodos claros y transparentes para la selección de futuros miembros de la Corte en caso de que se produzcan vacantes”, aseguró el ministro.
El constitucionalista Daniel Sabsay, director de FARN, explicó que se evalúa la elaboración de un decreto de autolimitación del Presidente en el proceso de designación de los candidatos a integrar la Corte. Esto implica que los eventuales ministros del tribunal no serían nombrados a dedo por el Ejecutivo, con la aprobación casi automática de los legisladores oficialistas, sino que se aplicarían mecanismos participativos de consultas sobre los antecedentes de los postulantes. Esta propuesta ya fue tomada por el Gobierno como propia. De hecho, en el Ministerio de Justicia ya están trabajando en el decreto. Además, estas organizaciones –en un documento titulado Una Corte para la Democracia– proponen que en el tribunal haya equilibrio en materia de género, de procedencias regionales del país y de especialidad jurídica.
El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, recordó que el documento que ayer se discutió con Beliz fue elaborado a principio de 2002 y entregado a los sucesivos ministros de Justicia, Jorge Vanossi y Juan José Alvarez y que, sin embargo, cuando el año pasado Gustavo Bossert renunció a su cargo, un acuerdo entre el presidente Eduardo Duhalde y el ex presidente Raúl Alfonsín garantizó el nombramiento del entonces senador Juan Carlos Maqueda en la Corte. “Le hemos dicho al ministro que si se repite esto le quitamos el saludo para toda la vida”, afirmó Verbitsky. Beliz se sonrió y replicó: “Sería bueno que si no se repite lo reconozcan también”.
La entrevista con las ONG y funcionarios del Ministerio de Justicia se transformó luego en una conferencia de prensa sobre las repercusiones del discurso del miércoles, cuando el presidente Néstor Kirchner arengó a los legisladores a avanzar en el juicio político contra la “mayoría automática” menemista del tribunal. El ministro confirmó lo que piensa el Gobierno después de que el presidente de la Corte Julio Nazareno hablara públicamente el martes: que algunos jueces pretenden “extorsionar” al Ejecutivo. “Con sólo leer los diarios y la entretela de las versiones que dejan trascender las cuestiones en tratamiento, claramente se advierte una actitud extorsiva, de toma y daca, que no estamos dispuestos a convalidar”, afirmó Beliz y endureció las críticas: “Hay una línea divisoria clara. No es una cuestión de que nos guste o no esta Corte, es una cuestión que muchos miembros de esta Corte están emparentados con el delito y no con el servicio de Justicia”. En relación con la posibilidad de convocar a una consulta popular sobre la renovación del tribunal, el ministro respondió que “estamos analizando este carril”, pero aclaró que “el momento de ahora es la instancia del juicio político”. “A nivel del Parlamento este tema hace a la salud de la República, que no es unacuestión partidista sino de la conciencia de los legisladores. O tenemos una Corte para la democracia o una Corte para la impunidad”, afirmó.