Cecilia Gárgano es historiadora, investigadora del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini (Unsam) y becaria del Conicet. Estudia lo ocurrido en el INTA durante la última dictadura y, entre otros aspectos, los efectos de la trasferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores privados. Para ello analiza lo que sucedió antes del golpe y compara con lo que pasó después.

El secretario de Agricultura y Ganadería de la etapa camporista, Horacio Giberti –señala Gárgano–, impulsaba un conjunto de medidas como el anteproyecto de la Ley Agraria y el Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra para combatir la existencia de grandes latifundios improductivos. “Se buscaba que el INTA no estuviera sólo dedicado a realizar cálculos de costos y administración de haciendas rurales, sino también a problemas estructurales como la concentración de la tierra, la composición de la estructura social agraria o el desbalanceo regional”, indica.

A partir del golpe de 1976, esas políticas se extinguieron. “El decreto 3369/76 suprimió la autarquía financiera, cerraron los posgrados en Economía agraria y Extensión rural, interrumpieron investigaciones en genética y ecología, y los estudios destinados a intervenir en los grandes problemas económicos y sociales del agro”, cuenta la historiadora.

–¿Cuál fue el rol específico de la SRA?

–La SRA tuvo desde sus comienzos un peso importante en la institución, con voz y voto en su consejo directivo, y siempre abogó para que el INTA se limitara a las tareas “técnicas” y se mantuviese al margen de las políticas. En los años previos al golpe protagonizó con otras entidades numerosos paros agrarios y un enfrentamiento abierto a todas las iniciativas del área agropecuaria, a las que calificaban en los principales diarios como ataques a la propiedad privada e “infiltraciones marxistas”, pese a que no eran iniciativas radicales. La Sociedad Rural también aportó integrantes de sus filas como funcionarios del área de agricultura durante la dictadura, momento en que las principales medidas apuntaron a suprimir los derechos de exportación, eliminar las retenciones y las diferencias de cambio, liberalizar el comercio exterior y otorgar una reducción arancelaria a insumos clave (insecticidas, herbicidas, fertilizantes). El histórico desequilibrio entre la región pampeana y el “resto del país” fue también profundizado por las políticas de apertura económica.

–¿Cuáles fueron los beneficios del sector?

–Los productores más grandes y concentrados que representa la entidad mantuvieron su rol como interlocutores y destinatarios de las tareas del INTA en este período, a diferencia de lo que sucedió con los más pequeños y descapitalizados. Esto en un marco donde avanzaba una expansión agrícola centrada en la Pampa Húmeda, cuya contracara fue una crisis profunda y la expulsión de población del campo. En cuanto a la introducción de mecanismos represivos y a su instrumentación, los representantes de la SRA compartieron con el resto del consejo directivo la conformación de un discurso que desplazó la figura del “saneamiento” técnico y vegetal, tan común en la práctica del organismo, al “saneamiento” y “depuración” de la institución. Así, se hablaba en las reuniones de Consejo de “sanear” el organismo, en consonancia con la “racionalización” dispuesta a nivel nacional.