La lucha por la vivienda registra casos emblemáticos. En 2009, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley 3343 de urbanización de la Villa 31 y 31 bis, de Retiro. La norma establece la conformación de una mesa multidisciplinaria y participativa para la urbanización y la presentación del plan ante la Legislatura para su aprobación. Esos pasos ya fueron dados, pero el proyecto perdió estado parlamentario en diciembre y lo presentarán nuevamente en marzo. Allí viven unas 40 mil personas. La lectura de Teófilo Tapia, referente histórico de la villa, es que “esperaron que caiga el dictamen para aprobar uno a conveniencia del PRO”. Además, denunció que el gobierno porteño “está buscando que la gente venda sus parcelas, porque no los pueden desalojar por la fuerza”, ya que la tierra corresponde al Estado nacional.

“Nosotros queremos tener la posibilidad de vivir en la ciudad”, asiente Ilich Maldonado, vecino de la villa y militante de la organización A paso de vencedores. En su barrio creció el germen de la urbanización y desde las organizaciones intentan plantarlo en cuanto lugar puedan. El proyecto de ley para la urbanización de la villa Rodrigo Bueno, en Costanera Sur, tomó ese modelo.

“Nuestro barrio ya no es como antes, hay cada vez más organizaciones que vienen a trabajar”, contó a Página/12. Cada dos semanas se reúnen viernes y sábados y luego se dedican a la militancia de base: “Hacemos diferentes actividades para poder concientizar a más vecinos de por qué es necesario tener urbanizado el barrio”.

El movimiento vecinal también crece en La Boca, donde viven unas 40 mil personas. Las organizaciones que trabajan allí conformaron una asamblea que se reúne cada dos semanas. Lorena Vázquez, de la organización Aukache, comentó que la idea es “empezar a establecer una línea de trabajo para articular posibles medidas judiciales, una especie de guía que busca que las familias no queden en situación de calle”.

En el año que pasó, más de 300 familias quedaron sin techo. La creación del Distrito de las Artes, aprobada en la Legislatura porteña, elevó la cotización de las tierras y favoreció a una política de exclusión y expulsión de los más pobres. Por ejemplo, los alquileres aumentaron un 150 por ciento y una pieza con baño compartido cuesta entre 1100 y 1500 pesos por mes. Según un informe presentado a mediados del año pasado basado en estadísticas de la Secretaría de Planeamiento de la Ciudad, unas 40 cooperativas fueron rechazadas para acceder a los créditos otorgados por el IVC previstos en la Ley 341. Para febrero están previstos unos 20 desalojos.

En la Villa 21-24, unas 55 mil familias habitan en las 60 hectáreas de este barrio, en Barracas. No cuentan con una ley, pero sí hay un convenio marco de urbanización de la villa plasmado en la ley 1868/08. La Mesa Participativa por la Urbanización no fue reconocida por el Ejecutivo porteño, que se maneja con referentes de la Junta Vecinal. Desde ese espacio, junto con la colaboración del arquitecto Fernández Castro y su equipo de la UBA, en la Mesa Participativa armaron un proyecto que presentaron en la Legislatura a mediados de septiembre. El modelo es el mismo que para la 31.