1 Los iraníes sostuvieron siempre que se trata de una causa armada, llena de irregularidades.

La realidad es que la causa judicial argentina enhebró una larga serie de escándalos: el juez Galeano fue expulsado de su cargo, también los fiscales, el jefe policial encargado de la pesquisa, Jorge “El Fino” Palacios, está procesado por encubrimiento como todos los anteriores, el gobierno de Carlos Menem intervino para que no se investigara nada y hubo un juicio oral que tardó tres años y en el que los jueces, en forma unánime, dictaminaron que la investigación “fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”. Se referían a la conexión local, pero el mismo magistrado y los mismos fiscales y el mismo gobierno fueron los que primero apuntaron a Irán. El argumento actual es que los pedidos de captura provienen de otro magistrado, Canicoba Corral, e interviene un fiscal, Alberto Nisman, que no fue ajeno al primer proceso, pero no era protagonista de la fiscalía.

2 Los iraníes sostienen también que las pruebas provienen únicamente de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos, Israel y la Argentina.

Es verdad que hay elementos claves de la acusación que provienen de los servicios de inteligencia o de supuestos arrepentidos. Por ejemplo, tres de los que serían indagados en Teherán eran altos funcionarios del gobierno iraní en 1993. La acusación es que participaron de una reunión del máximo nivel en la ciudad de Mahshad en la que supuestamente se decidió el atentado. Esa información surgió de un arrepentido, opositor al régimen de Teherán, y de los servicios de información. No será nada sencillo corroborar esa acusación con evidencias sólidas. ¿Se decidió un ataque terrorista en una reunión de gabinete que, además, fue publicada en los diarios? Respecto de los otros dos imputados, Mohsen Rabbani y Ahmad Asghari, que sí estuvieron en la Argentina, tendrán que contestar muchísimas más preguntas. El fiscal Nisman usa como prueba un entrecruzamiento de llamadas que tiene fuerza y que ubica a Rabbani como una especie de gran organizador del atentado y al marido de una de sus secretarias, Salman El Reda, un colombiano convertido al Islam, como el jefe operativo. Una evidencia vital es que de alguno de los teléfonos se llamó a una jefatura de Hezbolá y a la familia del supuesto suicida: aquí también, en la identificación de esos números telefónicos, ubicados en El Líbano, la información fundamental es de servicios de inteligencia. Hay un problema que no es fácil de superar: la investigación fue un fracaso durante los primeros tres años, hasta que en 1997 los familiares pusieron el grito en el cielo. Es muy difícil remontar aquella cuesta. Los especialistas dicen que lo que no se investigó en la primera semana, es casi imposible descubrirlo después.

3 El fracaso de Londres.

Uno de los grandes argumentos esgrimidos por los iraníes es que en 2003 fue detenido en la Universidad de Durhan el ex embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour. En ese momento, el juez Galeano envió una enorme cantidad de documentación y el propio gobierno británico –no la Justicia– dijo que no había evidencia suficiente. La excarcelación fue dictada inicialmente por el juez sir Roger John Royce que recibió un informe preliminar de 391 páginas del juez Galeano. Royce sostuvo en su fallo que “no veo ninguna evidencia clara de que Soleimanpour haya tenido que ver con el atentado”. De todas maneras, hoy Nisman sostiene que hay más pruebas, recogidas desde entonces.

4 ¿Por qué no se investigó?

En la causa judicial se sugiere que el origen de los dos atentados fueron los acuerdos preelectorales que Menem incumplió con Siria y con Irán. Eran acuerdos que tenían que ver con transferencia de tecnología nuclear y el proyecto del misil Cóndor. En el expediente hay evidencia de fondos aportados por Muamar Khadafi, entonces líder libio, y reuniones con Al Assad presidente de Siria. Avanzar en la investigación era avanzar en estos terrenos. Ya en la esfera más chica, el atentado ponía sobre la mesa los oscuros manejos de integrantes de la SIDE, los negocios sucios de la Policía Bonaerense y la Policía Federal con el robo de autos, el armado de vehículos con partes robadas y las increíbles fortunas de los comisarios. Todo eso llevaba a un boicot automático de la pesquisa. “Cada paso era pisar un callo”, lo sintetizó uno de los hombres del Ministerio de Justicia que estuvo a cargo de la causa. En otro plano, la dirigencia de la DAIA –en manos de importantes banqueros– tampoco mostró vocación por confrontar con el gobierno de Menem e Israel mantenía un fluidísimo vínculo con el riojano. Los únicos que patearon el tablero fueron los familiares de las víctimas, en 1997, denunciando todo este entramado.