“Nos preocupa que esto termine siendo el techo de la investigación”, expresó la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), querellante en la causa. “Hay demasiada gente interesada en que (Rubén) Santos salga bien parado y aunque haya existido esta suerte de comando de comisarios de alto rango que anduvo a los tiros y mató uno o varios manifestantes, esto sigue siendo responsabilidad de la fuerza”, agregó. Según la letrada, desde el agente de calle hacia arriba hay estructura jerárquica de mando que termina en el Presidente de la Nación. “Si Santos está preso, también debería estarlo (Enrique) Mathov porque son dos caras de la misma moneda, son la bisagra entre el poder político y el uniformado, y no pueden aducir que sólo transmitieron órdenes porque entonces habría que reemplazar toda la estructura de seguridad del Estado por un fax”, razonó. Y concluyó que “la arista de los errores y los excesos es peligrosa porque tiende a garantizar la impunidad de los funcionarios del gobierno aliancista”. A la Correpi –organización social en la que militaba Carlos Almirón, asesinado el 20 de diciembre– también le inquieta que se haya empezado a “investigar a las víctimas, su pensamiento y lo que estaban haciendo esa tarde” porque creen que en ese sentido “está irrumpiendo en el expediente la teoría de los dos demonios”.