La Procuración General de la Nación le enviará la próxima semana al juez federal Sebastián Casanello los antecedentes de nombramientos de fiscales ad hoc y subrogantes y de creación de procuradurías especializadas que denunció por supuestas irregularidades el senador radical Mario Cimadevilla. La medida de prueba fue solicitada por el magistrado luego de que la Sala I de la Cámara Federal porteña le objetara por “apresurado” el cierre de la causa contra la procuradora Alejandra Gils Carbó. La legalidad de las medidas implementadas para reorientar recursos y garantizar la eficacia del Ministerio Público fueron respaldadas en un amicus curiae por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Políticas (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), entre otras organizaciones de la sociedad civil. La Corte Suprema de Justicia, en tanto, no se pronunció todavía sobre la validez de los nombramientos de fiscales subrogantes.

El interés de Cimadevilla por los procedimientos del Ministerio Público Fiscal (MPF) surgió en el contexto de la embestida de la oposición contra Gils Carbó a partir de la intervención de la Procuraduría de Lavado de Dinero (Procelac) en la causa contra el contador Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar. Esa denuncia se unificó con otra presentada por un particular que objetó 39 designaciones de fiscales subrogantes, coadyuvantes y ad hoc. A fines de mayo el juez Casanello cerró la causa por inexistencia de delito. Argumentó que la jefa de los fiscales no sólo tenía facultades para hacer nombramientos y crear procuradurías como las de violencia institucional, narcotráfico o apropiaciones ilegales, sino también obligación de transformar al MPF en un órgano eficiente. Citó como ejemplo el rol de los fiscales subrogantes y ad hoc que fueron claves para impulsar los procesos de lesa humanidad en todo el país y destacó que Gils Carbó no había invadido facultades de los otros poderes.

La decisión fue apelada por el fiscal Guillermo Marijuán. La Cámara, con votos de Eduardo Farah y Jorge Ballesteros, cuestionó que Casanello se había quedado en un “debate jurídico” y le ordenaron “un examen acerca de los hechos”. El juez reabrió la causa y a pedido de Marijuán le solicitó a la Procuración los legajos que precedieron a los nombramientos de los fiscales y a la creación de las unidades especializadas, pedido que responderá el MPF en los próximos días.

Desde la Corte, en tanto, se anunció un mes atrás que el tribunal se expediría sobre la validez de los nombramientos provisorios a partir de un planteo de nulidad de un dictamen firmado por la fiscal subrogante Alejandra Cordone Rosello. El caso es un expediente comercial promovido por un empresario que objetó un dictamen por el hecho de que lo firmara una funcionaria que no había concursado. La Corte le dio cinco días a Gils Carbó para que expusiera su posición sobre el tema y recibió el dictamen de la Procuración, pero todavía no se pronunció.