“No me sorprende”, dijo la jueza María Laura Garrigós de Rébori, sobre la decisión de la Corte Suprema de anular parte de la reforma judicial. La magistrada preside la agrupación Justicia Legítima, pero aclaró que hablaba a modo personal y recordó que la acordada del máximo tribunal se suma a una similar emitida la semana pasada, cuando suspendió el funcionamiento de las Cámaras de Casación creadas por ley.

Según Garrigós de Rébori, los jueces dijeron que será “hasta que la propia Corte provea los medios para implementarlas, pero en los hechos no hacen nada para que ello suceda”.

Sobre la difusión de las sentencias, la jueza sostuvo que “la Corte no está cumpliendo con la ley porque el Centro de Información Judicial no contiene capacidad en su servidor para dar cuenta de la totalidad de ellas”. El ministerio de Justicia les habría ofrecido la posibilidad de utilizar la plataforma de Infojus, pero los supremos lo rechazaron. Según ejemplificó, los fallos de la Cámara que integra son enviados al CIJ, pero no siempre aparecen. A su criterio, “pareciera que la Corte está decidida a no cumplir con el paquete de normas que integran la reforma judicial”.

En cuanto a la modificación del ingreso al Poder Judicial, hay un estado de indefinición porque sobre esto la Corte Suprema aún no se ha pronunciado. En los hechos los empleados que están ingresando se encuentran en una suerte de “limbo” porque sus cargos no tendrán estabilidad hasta que la Corte defina cómo será el acceso. Es decir, su situación laboral se encuentra ad referendum del pronunciamiento de la Corte. En Tribunales comentan que si no hay una definición en el corto plazo, seguramente surgirán reclamos e incluso conflictos porque si no se generaría una virtual paralización de los juzgados y cámaras. “Nadie rinde examen aún, pero tampoco nadie tiene estabilidad, no es una situación que pueda mantenerse demasiado tiempo sin generar consecuencias”, advierten.