Un ex juez de la Corte Interamericana y político antichavista; un directivo de la radiodifusión chilena que pelea por erradicar a las radios comunitarias; una asociación de consumidores salteña representada por un otrora prestigioso semiólogo que se compró una parroquia en Italia, donde juega a las bochas; y un puñado de académicos defensores del derecho de propiedad. Ese es el perfil de los amicus curiae que llevó el Grupo Clarín para sostener en una audiencia pública ante la Corte Suprema su ataque a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA). Los amigos del Estado fueron universidades nacionales y entidades representadas por especialistas (ver recuadro).

- Luis Pardo, amicus de Clarín, preside la Asociación de Radiodifusión de Chile, que impulsa causas penales contra las radios que transmiten allí sin autorización. Si las denunciadas prometen no volver a funcionar y sacrifican sus equipos, les cierran los expedientes. Esas emisoras suelen ser radios comunitarias a las que se ha limitado para evitar su competencia. Pardo, paradójicamente, describió a la LdSCA como “un conjunto de condiciones para imponer un discurso único”. “Sin autonomía económica no hay independencia”, dijo a la Corte, en nombre de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Junto con él, la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa) expuso su planteo de los tiempos del gobierno de Raúl Alfonsín: lo único que se puede regular en el sistema de medios es la asignación de frecuencias, no puede haber otros límites. Para Adepa, los medios audiovisuales deben equipararse a los gráficos.

- Para interpretar a su modo el derecho internacional, el holding llevó a Asdrúbal Aguiar Aranguren, un ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien objetó la regulación estatal del sistema de medios y dijo que “no se puede impedir el crecimiento económico” de las empresas, lo que a su entender afectaría la libertad de expresión. Aranguren es un antichavista con carrera política en Venezuela. Cuando se empezó a debatir la LdSCA publicó una nota en Clarín en la que asimilaba la norma argentina a la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de Hugo Chávez, para decir que es una ley “mordaza”. La norma venezolana regula los contenidos, no así la argentina.

- El Comité de Defensa del Consumidor (Codelco) es una asociación civil radicada en Salta que consiguió una de las primeras medidas cautelares para evitar la aplicación de la LdSCA. A la Corte llevó a Eliseo Verón, antiguo icono de la semiología, de larga vinculación con Clarín, donde asesoró y ejerció la dirección académica de una maestría en periodismo. Cuando dejó ese cargo contó que se había comprado una parroquia en un pueblo de Italia llamado Monte Cerignone, frente a un convento de Umberto Eco, donde se encontraban a jugar a las bochas. Verón sostuvo la tesis de que Internet y las redes sociales garantizan el pluralismo mediático y que “no hay pretexto para limitar las voces”. Por Codelco también habló el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, abogado con presencia mediática, quien presentó una de las primeras medidas cautelares contra la reforma del Consejo de la Magistratura rechazada por la Corte.

- Con perfil más académico, el multimedios llevó a Eduardo Oteiza, un procesalista que enseña en la Universidad de Palermo y que encabezó la Asociación por los Derechos Civiles cuando Alejandro Carrió se sumergió en la causa sobre la identidad de los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Oteiza representó a la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada de Iberoamérica. También expuso Lucas Grossman, profesor de tiempo completo de la Universidad de San Andrés, que dejó flotando la memorable frase “el tamaño sí importa”, para defender el patrimonio del holding y se burló del informe de 2004 de la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas (aprobado por la Comisión Interamericana y la asamblea general de la OEA) alegando que lo hizo un pasante.