El fiscal uruguayo Enrique Viana fue una de las pocas voces que en su país se alzó desde un primer momento en contra de la instalación de la papelera Botnia. La causa que su fiscalía inició en 2005 pidiendo que no se instalara la empresa se encuentra todavía hoy a la espera de una decisión de la Corte Suprema de su país. Tras la resolución del Estado argentino de volver a recurrir a la Corte Internacional de La Haya por un aumento en la producción, Viana aseguró que la decisión de UPM-Botnia “se veía venir” y que el Estado uruguayo está “atado de pies y manos” por la firma del tratado de inversión con Finlandia. “Una vez que se firman tratados de inversión, las cesiones de soberanía, de la voluntad propia como Estado, son tan grandes que es imposible detener las pretensiones de esas corporaciones”, señaló el fiscal en diálogo con Página/12, quien advirtió sobre la posibilidad de que además exista un convenio hasta ahora desconocido con la empresa.

–¿Qué le pareció la decisión de Botnia de aumentar la producción?

–Era una situación que se veía venir. Es inevitable, ya que son prerrogativas que la empresa tenía derecho a pedir porque tiene de su lado el tratado de inversión firmado con Finlandia. Se le otorgan esos poderes para reclamar el aumento de producción, entre otras cosas mucho peores. Además, aparentemente habría un contrato de inversión con Botnia, que en verdad no sabemos efectivamente si existe o no, lo cual reforzaría aún más la idea de que la empresa condicionaba, tenía a su merced la voluntad del Estado uruguayo. Al firmar esos compromisos estaba atado de pies y manos para decirle que no a un aumento de producción.

–¿Cuándo se había firmado ese tratado?

–Fue en 2002 y en febrero de 2005 se firma el proceso de autorización ambiental, pocos días antes de que Batlle entregara el gobierno a Tabaré. Ahí sí se establecían los volúmenes de producción. Botnia aumenta esos volúmenes, pasando del millón a un millón cien mil, que es lo que producía actualmente.

–¿Qué puede pasar con el aumento de la producción?

–Seguro que la contaminación va a aumentar, porque los efluentes están en directa proporción con el volumen de producción. Ahí entran a jugar especulaciones como que la empresa tenía una segunda toma de agua para diluir los efluentes, el tema de la temperatura, entre otras cosas.

–¿En qué situación está actualmente la causa judicial en Uruguay?

–Tenemos un juicio pendiente de resolución, un recurso de Casación ante la Corte Suprema, por la causa contra el Ministerio de Medio Ambiente por el asunto de Botnia. Hasta ahora tiene dos sentencias contrarias y está pendiente que la Corte diga si admite el recurso.

–¿Con la información sobre la contaminación de UPM-Botnia que difundió el gobierno argentino no se podría avanzar?

–No pude verlos todavía, aunque es muy difícil de revertir esta situación. Ya no se puede incorporar nueva prueba. Nosotros estábamos pidiendo en ese proceso que no se instalara la planta. En la Casación estamos planteando algunos aspectos formales vinculados por ejemplo con la falta de pruebas. La idea era retrotraer todo el proceso hacia la segunda instancia. A nosotros se nos rechaza la demanda por falta de prueba, pero al mismo tiempo se nos niega la prueba. En el Uruguay, la protección del ambiente es de interés general. Eso supone que la información tiene que estar al acceso directo y fácil de todos los ciudadanos. Si esconden la información, con estos contratos y acuerdos, uno está en absoluta indefensión. La Comisión Administradora del Río Uruguay (ente binacional) se había negado permanentemente a otorgar información. La fiscalía había pedido en más de una oportunidad a lo largo del proceso judicial iniciado aquí en 2005 que la CARU fuera intimada a entregar información. Y la CARU jamás contestó. Ni siquiera se dignó a decir que no podía dar información porque es confidencial. Nosotros tenemos elementos para sospechar que quien se negó a dar la información a los juzgados uruguayos fue la delegación uruguaya.

–¿Qué le parece la decisión del gobierno argentino de volver a La Haya?

–No voy a abrir opinión sobre ese aspecto porque nunca he abierto opinión sobre el conflicto entre los Estados. No es mi competencia.

–¿Qué considera que debería hacerse con la planta hoy?

–Una vez que se firman tratados de inversión, las cesiones de soberanía, de voluntad propia como Estado, son tan grandes que es imposible detener las pretensiones de esas corporaciones. La empresa tiene la sartén por el mango una vez que se consienten y firman esos tratados y contratos de inversión.

–¿Es realmente significativo para Uruguay el aporte de una empresa como Botnia?

–En realidad, ese argumento de que le debe casi 2 puntos del PBI a la instalación de Botnia se cae en la medida que la empresa está instalada en una zona franca. Entonces por la salida de la celulosa no es que puede medirse. En todo caso podrá medirse por el ingreso de la madera. En cuanto a las fuentes de trabajo, aumentaron en determinados rubros como transporte y actividades portuarias, pero en cuanto al número de trabajadores es un número muy reducido. Son 250 individuos donde sólo 55 son de la ciudad de Fray Bentos. Yo viví toda mi niñez en Fray Bentos, sigue siendo la misma ciudad pobre de hace 40 años en la que yo viví. Si no le dicen que Botnia está a tres kilómetros uno ni se da cuenta que está.