- Hebe de Bonafini (titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo): “La medida nos parece de mucha valentía, en un momento en que militares estaban protestando tanto. Es una decisión valiente y es necesaria, más allá de si finalmente los van a condenar o no. Es muy buena, pero más que para nosotras que tanto pasamos en la dictadura, para los jóvenes, los más chicos, para que vean que la justicia en algún lugar existe, que hay hombres capaces de tomar medidas como lo hizo el doctor Kirchner. Estamos expectantes y esperanzadas. Me gustaría que (Alfredo) Astiz sea juzgado no sólo por lo de las monjas francesas, sino por la desaparición de algunas de nosotras. El se infiltró, nos espió y secuestró a tres de las mejores madres, como Azucena Villaflor, Ester Balestrino de Cariaga y Mary Ponce”.
- Rosa Roisinblit (vicepresidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo): “Estamos muy conformes. Vemos que el Gobierno ha tomado iniciativas adecuadas, abriendo una esperanza no sólo para los organismos de derechos humanos sino para el país en general, para toda la sociedad argentina. Si podemos llegar a que se anulen las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se terminará la mentira y la impunidad, y se podrá juzgar y condenar a los homicidas, ladrones, torturadores, apropiadores. De esa manera, los genocidas tendrán el privilegio de ser juzgados, derecho que no tuvieron nuestros hijos. Buscamos justicia y verdad, que se termine con la aberración. Tenemos dos caminos para terminar con las leyes del perdón, una es que la Corte Suprema las anule o que el Congreso de la Nación haga lo propio. Estamos esperanzadas de que vamos a ser testigos de que finalmente haya justicia”.
- María José Guembe (directora del Programa Memoria y Lucha Contra la Impunidad y el Terrorismo de Estado del Centro de Estudios Legales y Sociales): “El CELS estuvo promoviendo esta medida desde que asumió el presidente Kirchner, por eso nos parece excelente esta noticia. Sobre todo en la línea en la que se hizo. La resolución del decreto establece que todo sea vía Poder Judicial, que deberá resolver, de acuerdo a la obligación del Estado, en cada caso si se procede a juzgar o a extraditar. Faltaría la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que ya se encuentra en la órbita de la Justicia. Pero nos parece que hay un consenso casi total de que se avance en la anulación de esas normativas”.