Ya había pasado casi media hora pero el ministro seguía impactado. Se le notaba en la cara y en los gestos que no habían variado en nada respecto de los que había exhibido en la Rosada para anunciar la derogación del decreto que frenaba las extradiciones. Su colaborador –un subsecretario de Estado que lo conoce desde hace tiempo– le escuchó entonces decir: “Es una decisión trascendente pero de alto riesgo”. Ese fue el balance que también escuchó el ministro de Finanzas francés, Francis Mer, a quien el destino le permitió espiar las primeras reacciones del Gobierno ante su medida más estudiada en dos meses de gestión. Ayer, por decisión del presidente Néstor Kirchner, se anuló el decreto 1581/01 que impedía que los represores acusados de “tortura, genocidio y terrorismo” fueran extraditados a los países que reclaman su captura.
La decisión ya estaba tomada y Kirchner la venía postergando, en la búsqueda del momento adecuado. En el Gobierno circulaban varios borradores con fundamentos jurídicos para derogar el decreto de Fernando de la Rúa, pero la velocidad del juez Baltasar Garzón hizo que Kirchner pusiera el freno. Las cosas cambiaron cuando Interpol entregó el pedido de captura de 46 represores ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, y mucho más cuando el magistrado ordenó la detención de los acusados con una velocidad que pareció copiada de su colega español. “Se aceleran los tiempos”, se escuchó entonces en el Tango 01 que regresaba de Estados Unidos.
El Presidente contaba con varios borradores del decreto –el principal elaborado por el vicecanciller Jorge Taiana con colaboración de organismos de derechos humanos, aunque también hubo aportes de la Secretaría Legal y Técnica y el Ministerio de Justicia–, por lo que sólo tuvo que convocar a los funcionarios y aprobar el texto que más le gustara. Así, apenas bajó del avión en Aeroparque, citó a los ministros a una reunión en la Rosada que se realizaría tras el encuentro protocolar con el ministro de Finanzas francés. En ese momento, el Gobierno comenzó a preparar el clima para allanar el camino de la justicia. “Lo que el Presidente haga es una decisión de él”, avisó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Unas horas después, cerca del mediodía, comenzaba la reunión que Kirchner había ordenado en el Tango 01. A esa altura, el Presidente ya había decidido que firmaría un decreto para derogar la medida similar dispuesta por De la Rúa para rechazar “in limine” la extradición de represores argentinos. La reunión se realizó en el despacho presidencial del primer piso de la Rosada. Acompañado por Alberto Fernández, Kirchner recibió primero al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y luego al canciller Rafael Bielsa, quien llegó algo retrasado y se ganó una broma con algo de reprimenda. A medida que iban llegando, el Presidente comunicó a sus funcionarios que “el tema ya está maduro” y que había decidido firmar el decreto. Luego les encargó su anuncio ante los periodistas.
También se encontraba el ministro de Defensa, José Pampuro, a quien Kirchner consultó sobre la reacción militar para aprovechar la demora de Bielsa. Según los voceros de la Rosada, Pampuro le dijo que en las Fuerzas Armadas había “un clima absolutamente tranquilo”. Cerca del ministro, en cambio, admitieron que éste le transmitió al Presidente que los militares “estaban preocupados” y que, como mal menor, preferían ser juzgados en el país en vez de ser extraditados a Europa. El reporte de Pampuro terminó cuando llegaron todos los ministros y se completó la firma del nuevo decreto, que quedó numerado como el 420/03 y lleva las rúbricas de Kirchner, Fernández, Beliz y Bielsa (ver página 5).
A las dos y media de la tarde, los tres ministros anunciaron la medida en conferencia de prensa, mientras que Pampuro corría hasta la Costanera Norte, donde las cúpulas de las tres fuerzas supervisaban una exposición en la cubierta del destructor ARA Argentina. Allí les confirmó a los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que el Presidente había concretado la resolución que tanto esperaban (y temían). En la Casa Rosada, entretanto, Fernández informaba a los periodistas. “El señorPresidente acaba de firmar el decreto 420 por el cual deroga el decreto 1581 del 5 de diciembre de 2001 y de este modo dispone que en materia de extradición el trámite judicial será el trámite imperante”, dijo.
Con gesto notablemente serio, Fernández intentó quitarle significación política a la decisión del Gobierno. “Creemos que siempre tuvo que haber sido una cuestión judicial y que en algún momento se ha politizado”, aseguró. Así, el argumento repetido por los funcionarios fue que el decreto simplemente terminaba con una injerencia indebida del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y también acababa con un “tratamiento especial” para algunos ciudadanos –los represores de 1976/1983– que limitaba la acción de la ley 24.767 y los tratados bilaterales de extradición que están en vigencia.
Sin embargo, más allá de los discursos, los funcionarios no desconocían que la resolución de Kirchner causaría una enorme repercusión política. En ese sentido, la primera señal se produjo ayer a la mañana, cuando el prefecto Juan Antonio Azic, conocido como “Piraña” en la ESMA, se pegó un tiro en la cara después de escribirle al juez Canicoba Corral: “Tiene un problema menos, diga a la Policía Federal que no me busque más”. La reacción de Azic reforzó la preocupación del Gobierno ante la posibilidad de que concrete una extradición masiva de represores. En el Ejecutivo preferirían que los militares sean juzgados en el país, para lo cual la Corte o el Congreso deberían anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
En la Corte el trámite llevaría mucho tiempo, porque los supremos ya adelantaron que elevarán el tema a la Cámara de Casación. La opción sería, entonces, tratar de declarar la nulidad de las leyes –algo que hasta hace poco el PJ se mostraba muy remiso a impulsar– pero que en los últimos días empezó a avanzar a partir de algunos contactos entre el Gabinete y la conducción de los bloques justicialistas. Si los legisladores aceptan avanzar en ese tema, también podrían modificar la ley de extradiciones (24.767) para que los jueces no se vean obligados a detener en forma preventiva a cada militar que tenga un pedido de extradición. Esa estrategia es la que impulsa, por ejemplo, el canciller Bielsa.
Hasta que no haya novedades en el Congreso, los acusados seguirán presos en reparticiones militares o de Gendarmería. Pero los reflejos del Gobierno empezaron a activarse, como prueba el hecho de que en la bancada del PJ ayer admitieron, por primera vez, que la nulidad de las leyes de impunidad podría ser el paso siguiente al proceso que se inició con la derogación del decreto de De la Rúa (ver aparte). Claro que el Gobierno tampoco descarta que antes se produzca alguna extradición resonante, como la de Alfredo Astiz a Francia. “Estamos avanzando en su detención”, le dijo ayer, en ese tono, un ministro del Gabinete al ministro de Finanzas de Francia.