La Corte Suprema había sentenciado, este mismo año, dos causas que influyeron en las elecciones del domingo pasado. La primera fue la inconstitucionalidad, entre otras, de la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura. La segunda fue la medida cautelar que impidió la presentación del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para buscar su re-reelección. Las dos resoluciones fueron acatadas por los sectores políticos que resultaron perdedores.

El fallo sobre el Consejo se dictó a toda velocidad, acaso forzada por el apresuramiento del gobierno para que la nueva ley se aplicara en las elecciones de agosto y octubre. Los fundamentos de la mayoría del Tribunal fueron pobres y desordenados, quizá como alto precio por la urgencia. En todo caso, contradijo las pretensiones del Ejecutivo y la aprobación del Congreso. Y se zanjó “sobre tablas”, a toda velocidad.

El fondo de la sentencia sobre Santiago del Estero es inobjetable. Para concretarlo, la Corte dejó de lado jurisprudencia tradicional y formalismos varios. Hizo primar lo sustancial sobre lo procesal, no se apegó a los ritos ni a los precedentes. Un proceder interesante aunque bien diferente al que desplegó durante el larguísimo expediente Clarín. En ese caso, fue transigente (por usar un eufemismo) con las chicanas del multimedios, pasiva ante las medidas cautelares concedidas por jueces sin escrúpulos. El formalismo y el corporativismo extremos favorecieron objetivamente al litigante inescrupuloso, otorgándole una victoria parcial e irrevocable: el tiempo vaticano que insumió el proceso.

El martes el Máximo Tribunal dio a conocer el pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA). La mayoría resolvió de modo ajustado a derecho, un fallo normal en cualquier país civilizado... lo que requería un coraje especial. Es que la pugna no transcurría en un laboratorio sino en el arduo terreno de la política. Los poderes fácticos son reacios a someterse a las leyes democráticas, ese sistema no es condición de su existencia. Ser colocados en paridad con los ciudadanos u otras organizaciones los saca de quicio, sencillamente porque no les cupo ese trato durante todas las dictaduras y décadas de democracia.

La penosa participación de los abogados de Clarín en la audiencia pública sagazmente convocada por la Corte es bien ilustrativa. Esos letrados, imprecisos y sin recursos para convencer, no son profesionales sin agallas ni de bajo nivel de rendimiento. Están habituados a ganar, cuando se compite con sus reglas. En un escenario democrático juegan de visitantes. Simplemente se los mudó a un territorio que no es su ecosistema habitual. Lo suyo es la presión entre sombras, el uso de las influencias, el poder desnudo. La luz los debilita, como a los vampiros.

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Los jueces de la Corte discutieron ácidamente entre ellos el momento para anunciar el fallo. La primacía del presidente, Ricardo Lorenzetti, lo postergó hasta después de las elecciones. Son falaces las versiones de un fallo resuelto con el veredicto electoral a la vista. Los votos estaban escritos mucho antes. Lo corrobora la sola lectura de sus textos, casi todos bien y frondosamente fundados. Tamaños fundamentos no se redactan en un par de días.

Los Supremos seguramente comprendieron que estaban frente a un fallo que hará historia, que será recordado durante décadas. No es una sentencia sobre el kirchnerismo o sobre el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella. Concierne a las competencias del Estado, su capacidad para regular, a su relación con los poderes fácticos, la libertad de información.

Muchos de los cortesanos están cerca de su jubilación o su retiro, tal vez sea el veredicto más importante de lo que queda de sus carreras. Por eso es verosímil, le pusieron tanto ahínco y quisieron exponerlo en fundamentaciones individuales o casi. Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Eugenio Raúl Zaffaroni se expresaron con un nivel de legibilidad para profanos muy alto, muy raro.

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El oficialismo admitió con paciencia los reveses parciales que le propinó la Corte en el expediente Clarín y los definitivos en otros juicios. Criticó, a veces levantó la voz pero no quebrantó ninguna regla institucional ni apeló a malas artes. No armó patéticas denuncias penales, ni urdió acusaciones perversas. La conducta de Clarín es muy otra. Son malos perdedores en la arena democrática, no quieren jugar ahí.

Da pena que tantos dirigentes opositores hagan de claque. Tienen tiempo para recapacitar y comportarse con más respeto e interés respecto de un fallo de calidad, que deberían tratar de leer antes de fulminar. Suena cándido esperar eso del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, pero sí deberían hacerlo los letrados que lo asesoran: el recurso que presentó ante la Corte es un papelón y una falta de respeto. Es impensable que la Corte lo sancione, en un contexto enardecido, pero sería lo adecuado.

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Los medios dominantes perdieron la chaveta y el estilo. La grosería cundió en sus coberturas, usualmente críticas respecto del “periodismo militante”. El tema da para más, se seguirá tratando.

Por ahora, mientras Clarín busca cómo sustraerse al imperio de la ley, cabe deplorar cuántos políticos, “formadores de opinión”, académicos y adalides de la república repiten como mantras las falacias de los medios hegemónicos, sin tomarse el laburo de leer y meditar sobre una sentencia que mejora y confirma la calidad del sistema democrático.