El reciente hallazgo de 1500 biblioratos con información vinculada con la junta militar es una nueva confirmación sobre la estrecha relación de sectores civiles con las Fuerzas Armadas durante la dictadura en una vinculación en la que no siempre se presenta con claridad quién fue cómplice de quién, cuestión central para aclarar responsabilidades, ya que siempre se suele ubicar en el rango menor del cómplice a las empresas e instituciones que conforman el campo de lo civil, aunque a veces uno tenga la presunción y cierta certeza de que sucedió exactamente lo contrario.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, al hacer una relación de la información que se halló en esos archivos, mostró que había un plan que proyectaba el imperio del Proceso hasta el año 2000 en dos etapas: una fundacional, que llamativamente coincide con la irrupción del neoliberalismo y el desguace del Estado en los noventa, y otra denominada la nueva República.

Pero lo sustantivo de esta revelación es que junto con ella el ministro exhibió un documento de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), a través del cual la entidad expone aportes concretos para la ejecución de ese proyecto.

La información, por sí misma, no suma nada nuevo que no hayamos conocido antes, sobre todo si consideramos que Adeba agrupa a los bancos privados y al sector financiero que fueron los grandes ganadores del modelo económico, político y social impuesto por la dictadura. Pero es una prueba que proviene del Estado durante el gobierno del Proceso y mediante documentos oficiales que registran esa relación de organizaciones civiles y empresariales con los genocidas. Ello agrega, y aquí reside el valor de la prueba, un valor inconmensurable a la búsqueda de verdad y justicia en un terreno donde nunca se focalizó con la suficiente fuerza para observar quiénes fueron los grupos civiles que actuaron en completa coordinación con el gobierno de la junta.

A partir del libro Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, nosotros observamos un corpus de antecedentes e información clave para fundar una línea de acción en nuestra provincia y que hemos materializado a través de un proyecto de ley para crear una comisión especial investigadora, en el marco de las facultades que el artículo 139 de la Constitución de Río Negro le confiere a la Legislatura para investigar sobre hechos determinados que revistan interés público.

La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de los legisladores del bloque del Frente para la Victoria que yo presido, destaca en sus fundamentos el coraje y el mérito que tuvo la Justicia argentina para investigar y condenar los delitos de lesa humanidad cometidos por personal militar en la última dictadura, aunque resume, a la par, una serie de hechos y circunstancias que demuestran que ello no es del todo suficiente para dilucidar otras responsabilidades provenientes de sectores civiles y empresas que, en muchos casos, hasta pueden ser equivalentes a las que les correspondieron pagar a los ex comandantes.

A los fines de cumplir con su cometido, el proyecto que estamos propiciando pone en cabeza de la comisión amplias facultades, tales como solicitar el acceso a la documentación y expedientes administrativos o judiciales que obren en todos los poderes públicos de la provincia relacionados con procederes del Estado y de empresas y organizaciones privadas; requerir informes a organismos públicos, entidades, empresas y asociaciones privadas; requerir la declaración de personas; designar investigadores y expertos para indagar en torno del objeto de la comisión y producir pruebas cuando existan presunciones de vínculos que hayan servido al plan genocida a cambio de favores económicos o de negocios con el Estado; requerir el auxilio de la fuerza pública cuando ello resulte necesario y toda otra función que se desprenda del objeto de creación de la comisión.

Los argentinos y los rionegrinos en particular tenemos el derecho de conocer toda la verdad y no sólo aquella parte que involucra a los uniformados que participaron de la última dictadura, pues el Nunca Más al que todos aspiramos sólo tendrá garantía plena cuando sepamos qué grupos civiles participaron durante el Proceso, para qué participaron, qué hicieron, qué beneficios obtuvieron y qué fue de ellos una vez que recuperamos el estado de derecho.

Sin sanción sólo quedará como saldo para esos grupos una etapa de muy buenos negocios, y esos buenos negocios son las cuentas pendientes que debemos sanear a través de una consigna que hoy ya tiene la jerarquía de un mandato organizador para una sociedad más humana y justa: memoria, verdad y justicia.

Si como sociedad no tomamos todos los recaudos para que ello suceda, nos exponemos a que alguna vez alguien pueda pretender recrear un contexto similar para hacer dinero con ríos de sangre.

* Presidente del bloque de legisladores del Frente para la Victoria de Río Negro.