Por iniciativa de la Casa Rosada, el oficialismo impulsará en el Congreso la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, para que los juicios contra ex militares por violaciones a los derechos humanos se lleven a cabo en la Argentina y no ante los tribunales europeos. Antes, el bloque del PJ debe convencer a la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, para que acepte postergar la sesión especial que pidió para el 12 de agosto, donde iba a discutirse la anulación, cuestión de ganar tiempo para convencer a los diputados peronistas. Hasta ahora, la mayoría de los bloques del PJ y la UCR se negaron a votar la nulidad de las leyes de impunidad, pero el impulso de Néstor Kirchner podría modificar la situación.