“Hay que tener códigos” repiten, modismo más o menos, gentes del mundo del fútbol o de la farándula. El vozarrón de Alfio Basile propaga la consigna por doquier. Quieren expresar que existen (o deben existir) sistemas de reglas que deben ser acatados, un plexo de normas de vida. Por lo general, esos códigos no están escritos sino que son hijos de la costumbre o la convivencia.

Los códigos legales son escritos, en la modernidad. De cualquier modo, tienen algo en común con aquellos que mentamos. Son un conjunto ordenado y jerarquizado de reglas, que tiene una lógica interna, que incide sobre otras leyes.

Aunque muchos profanos puedan no saberlo, un Código es una ley común. No requiere mayorías especiales para ser cambiado en parte o derogado. Otra ley posterior podría hacerlo. Sería un disparate en la práctica pero no es imposible en teoría que una ley de un artículo derogara todo el actual Código Civil o, en su momento, el que está tratando el Congreso.

En términos más simples y reales: siempre se ha estado cambiando parcialmente el Código Civil. En materia de familia, por ejemplo, pasó cuando el primer peronismo estableció el divorcio vincular. O cuando se instauró del divorcio por mutuo consentimiento (alias 67 bis). O cuando, regresada la democracia, se legisló el divorcio vincular. O con el matrimonio igualitario. La lista no termina, sería inacabable.

Sin embargo, en un aspecto central, un Código es más que una ley. Lo es precisamente porque su estructura coherente alberga principios generales que orientan otras normas, que determinan cómo interpretarlas.

Un Código es, entonces, más que un conjunto de normas apelmazadas. Tiene e irradia una coherencia general, que sirve de referencia para interpretar todos sus artículos (que versan sobre una cantidad asombrosa de temas) u otras leyes.

Por eso es tan importante promover la revisión de varios puntos del texto aprobado en el Senado. Porque el reconocimiento de la función social de la propiedad debe ser cimiento de leyes más específicas sobre vivienda, acceso al suelo, reconocimiento de derechos de poblaciones originarias. Porque su presencia servirá como faro para cualquier debate que postule la primacía del interés capitalista individual sobre el general, de lo privado sobre lo público.

Si los diputados de todas las bancadas, incluyendo (o más aún, empezando por) los del Frente para la Victoria, tienen códigos, deberán reformar esa infausta regresión. Y, claro, corregir la deplorable redacción del artículo 19, que regula el derecho a la vida haciendo retroceder el reloj. En ese caso, es patente la influencia de la jerarquía de la Iglesia Católica con su proverbial concepción reaccionaria en todo lo que atañe a libertades individuales u opciones de vida.