Las designaciones de Cecilia Rodríguez en el Ministerio de Seguridad, y la de Juan Carlos Molina en la Sedronar apuntan en la dirección correcta, por más de una razón. La estrecha relación de los nuevos funcionarios con Cristina y con su cuñada Alicia Kirchner mostró que la idea de una reina que no gobierna era una nueva expresión de deseos de quienes no se resignan a la realidad. Tanto Rodríguez cuanto Molina priorizan la inclusión social como estrategia maestra de la seguridad. Es improbable que la nueva ministra desaliente las políticas de monitoreo del personal de las fuerzas que implantó Nilda Garré y que se relajaron pero no fueron abandonadas por completo luego de su reemplazo por Arturo Puricelli, cuyo patético interinato no podía durar mucho más. Los casos de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe que se analizan en la nota principal son elocuentes sobre la centralidad que tiene el control de las fuerzas sobre la seguridad. Molina es un cura católico, pero en poco se parece a Gustavo Carrara, el inminente obispo villero cuya práctica paternalista inspiró la película Elefante Blanco. Esa ficción presenta el trabajo de los curas en la villa como una misión heroica en un mundo de pigmeos. Los habitantes del barrio son vistos como una masa amorfa, sin rasgos que los distingan salvo el consumo de drogas y lo único que hacen los curas además de impartir los sacramentos es llevar a los chicos de la villa a un centro de rehabilitación. El asesor del Episcopado en temas de drogodependencia es un almirante retirado, Horacio Florencio Reyser, quien participó en encuentros bilaterales sobre seguridad con el Comando de Operaciones de la Armada estadounidense y participó en conferencias sobre “La nueva agenda de seguridad en el hemisferio sur”, que es donde los estadounidenses colocan la cuestión de las drogas y la vinculan con el terrorismo. Las definiciones políticas de Molina lo aproximan más a Carlos Mugica, un impulsor de la organización popular.