A los expertos que siguen el caso del incendio del archivo de Iron Mountain les llama la atención que la fiscal Marcela Sánchez no haya pedido hasta el momento el allanamiento de las oficinas de la Agencia de Control Gubernamental (ACG) del Gobierno de la Ciudad. La cuestión de la habilitación y las inspecciones es clave en lo ocurrido y, en especial, en las muertes que se produjeron. Existe constancia de que el depósito de la multinacional fue clausurado en 2008 pero que esa medida se levantó a los pocos días, algo que se considera muy inhabitual. Por otro lado, toda la estructura del lugar demostró no estar preparada para albergar semejante cantidad de papel-cartón-combustible: en media hora se cayó la estructura completa de metal, algo que no debió ocurrir porque en ese lapso no hay tiempo ni para que lleguen los bomberos. A esto se suma que los empleados dicen que los aspersores no anduvieron y tampoco las dos mangueras que se desplegaron. La empresa que daba el visto bueno al sistema antiincendio sí fue allanada, pero curiosamente no las dependencias del Gobierno de la Ciudad.

Por de pronto, en este tema llevarán la voz cantante la fiscal, provisoriamente Marcela Sánchez, y sobre todo el juez, Pablo Ormaechea, que hasta ahora ha sido subrogado por la magistrada Laura Bruniard. Como se sabe, en el caso Cromañón terminaron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público varios integrantes del Gobierno de la Ciudad en tiempos de Aníbal Ibarra, porque las inspecciones no se hicieron como corresponde y el lugar no debió ser sede de ningún recital.

En depósitos como el de Iron Mountain debe haber medidas activas y pasivas contra incendios. Las activas son los aspersores, las mangueras, los matafuegos, pero se llaman medidas pasivas o estructurales a lo que es decisivo: que el edificio debe ser acorde a lo que va a albergar. Debe pensarse que en Barracas se almacenaban toneladas y toneladas de papeles y cartones y, en consecuencia, era clave que el lugar fuera adecuado para ese propósito. Por ejemplo, debía tener medidas estructurales, con paneles de aislamiento, que impidieran que el fuego se expanda de un lugar a otro. O, lo decisivo, que la estructura permitiera aguantar un mínimo –se piensa en una hora y media, por ejemplo– para que diera tiempo a la llegada de los bomberos. Según quedó claro en las imágenes, el colapso se produjo a los 30 minutos.

A esto se agrega que hay certeza de que el depósito de Iron Mountain sufrió una clausura en 2008. El ingeniero Castro dijo en este diario que el lugar no daba garantías contra incendios y él lo clausuró porque ponía en peligro la vida de los trabajadores. Sin embargo, según se sabe, el depósito se rehabilitó muy pocos días después. Sea como fuere, la verdad sobre inspecciones y estado del lugar sólo puede surgir del allanamiento a las oficinas correspondientes del Gobierno de la Ciudad.

En todo este entramado habrá que ver cómo encuadra el hecho de que una resolución del gobierno porteño de 2009 le adjudica facultades de verificación del sistema antiincendio a una serie de empresas privadas que figuran en el anexo de aquella resolución 415. Por lo tanto, deberá verse si la fiscal apunta o no contra esa empresa que tiene la responsabilidad de control sobre aspersores y mangueras. Esa compañía sí fue allanada. Pero, al mismo tiempo, la AGC ha dicho que controló las instalaciones de Iron Mountain en tres oportunidades. “Hay que ver las actas”, dicen los especialistas. La resolución 415 en sí misma es una especie de privatización del control y según le aseguraron a este diario varios encargados de los sistemas antiincendios en distintas empresas, el sistema se relajó.

El accionar de los integrantes de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires también quedará en la mira de la Justicia. El mismo día del incendio hubo miembros de ese cuerpo que insistieron en que el protocolo de actuación de Defensa Civil no es claro. Parece cantado que los dos efectivos fallecidos, Pedro Baricola y José Luis Méndez, no tenían por qué estar tan cerca del incendio, pero la cuestión también será discutible. El protocolo habla de que no deben estar en la zona de impacto, sino en la zona de influencia y que su función es que sea un lugar donde recibir a las víctimas mortales. En realidad, los hombres de Defensa Civil estaban afuera del depósito, pero no a suficiente distancia.

Finalmente, la Justicia tendrá que pronunciarse también respecto del accionar de los bomberos. Es un tema conflictivo porque se trata de hombres, mujeres y hasta el jefe de la unidad que murieron en la acción de apagar el incendio. Todo se centra en si era previsible o no que la pared se derrumbara hacia fuera. La fiscal Sánchez tiene en su poder las comunicaciones entre el Servicio de Emergencias y la unidad de bomberos y ordenó que la Gendarmería y la Policía Federal realicen el análisis. Difícil que salga alguna objeción respecto de la actuación de los efectivos, aunque habrá que ver si la compañía de seguros que tendrá que indemnizar por las muertes cuestiona lo hecho por los efectivos. En cualquier caso, el debate judicial promete ir para largo.

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