La causa Contraofensiva está a cargo de la jueza federal Alicia Vence de San Martín y de la fiscalía de Miguel Angel Blanco García. Es la segunda etapa de una investigación más acotada que llevó adelante en Capital Federal el juez Ariel Lijo y concluyó en 2007 con una docena de militares condenados, con la reconstrucción de lo que sucedió con seis de las víctimas y con el centro de las responsabilidades puesto en el Ejército, y especialmente en el Batallón de Inteligencia 601. La nueva causa de San Martín debería avanzar ahora con todo lo que aquella otra causa judicial dejó afuera: sobre todo, la investigación de la totalidad de represores responsables y la búsqueda de justicia para la totalidad de las víctimas, una cifra sobre la que aún no hay datos definitivos y hasta ahora reúne unos 100 nombres, 85 de los cuales están desaparecidas o fueron asesinados.

“Este agrupamiento de las víctimas es muy importante”, dice Pablo Llonto, abogado por la querella. “La cuestión positiva del juzgado es que agrupó a las víctimas, por lo cual se deja de lado el tema de fraccionar la causa por casos. Todos están en una causa. Y se empezó de hecho a indagar a los primeros represores por la mayor parte de ellos, en algunos casos por los 85 y en otros por menos, de acuerdo con los años de servicio. Esta es la primera vez que hay una agrupamiento de estas características en San Martín, es importante y hay que decirlo. También hay que decir que hasta el nacimiento de la ‘Comisión Contraofensiva’ –que nuclea a los querellantes– los casos iban sueltos, había muy pocos agrupados y ese trabajo de las querellas permitió unificarlos.”

El juzgado de Vence empezó con las indagatorias hace dos semanas. Hasta ese momento nadie sabía en realidad si los casos iban a terminar agrupados. Recién cuando el juzgado leyó los cargos a los imputados, las querellas supieron que efectivamente el juzgado decidió avanzar con esta lógica, que la transforma en una megacausa. Este camino permite acumular las pruebas, pero además reconstruir los grupos políticos, entender la circulación completa de los militantes, de las caídas y de sus victimarios. Además del Batallón 601, investigado por Lijo, la querella está poniendo en este caso el foco en otros sectores de responsables como el 201 de Campo de Mayo y en el Instituto de Comando Militares, del que también dependía la SOE (ver nota central). El reclamo más importante es que Campo de Mayo concentró los operativos. Y están pidiendo indagatorias para todos los integrantes de las patotas que lograron identificar.