Por Sandra Chaer

En 1997 fue sancionada en Sudáfrica una de las leyes sobre aborto más liberales que hay en el mundo. Las activistas pro choice (derecho a decidir) de diferentes países se preguntaban cómo lo habían logrado. Así surgió la Iniciativa de Johannesburgo, un proyecto solventado por la Women’s Health Project para que se investigara sobre la experiencia de advocacy (estrategias públicas para concretar un proyecto) en diferentes países. Fueron convocadas ONG de 18 países, y las experiencias de 11 de ellas fueron publicadas en Estrategias para el acceso al aborto legal y seguro, que editó recientemente en Argentina el Foro por los Derechos Reproductivos. Los países incluidos fueron Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, Bangladesh, Brasil, Kenia, Italia, Polonia, Guyana, India, y la ciudad de México.
El libro es una herramienta más que útil para cualquier grupo que luche por la reivindicación social y legislativa de un derecho. Se describen las estrategias usadas para movilizar y hacer alianzas con políticos, legisladores, medios de comunicación, agentes de salud y sociedad civil; el proceso que llevó a la sanción de cada ley; la implementación de la misma y la autocrítica sobre el proceso. Barbara Klugman –ex directora del Women’s Health Project– señala aspectos que las activistas no deberían descuidar: la sanción de la ley es importante, pero no siempre es lo primero que se logra, y una vez conseguida hay que hacer un seguimiento que garantice el acceso a los servicios. También resulta necesario establecer la discusión en el ámbito de la salud pública ya que uno de los mayores obstáculos para la sanción de leyes es lo que Klugman llama “debate moral”: la injerencia de la Iglesia en el tema.
“Yo creo que el tema de la Iglesia es político y no moral –señala Martha Rosenberg, miembro del Foro por los Derechos Reproductivos que participó de la Iniciativa–. La lucha por el derecho al aborto en Argentina es la lucha por el laicismo del Estado. La Iglesia aparece como el obstáculo más importante porque su rol de dictar la moral está instalado en el imaginario social, más allá de que la gente olvide las contradicciones de la propia doctrina y de las mismas mujeres católicas, que son el 80 y pico por ciento de las que se hacen abortos. Nosotros tenemos un movimiento por el derecho al aborto importante pero sin unidad ni proyecto táctico. Nos manifestamos en general a la defensiva de avances conservadores o ante la posibilidad de intervenir legislativamente. Falta una puesta en común de acciones estratégicas. Sin embargo, yo noto una permeación del tema en todos los niveles, hoy las consignas sobre la legalización del aborto se están planteando en los piquetes y las asambleas. Y la legalización es fundamental, porque recién cuando exista el derecho las mujeres podremos encarar bien el conflicto ético individual que significa la decisión de hacerse un aborto.” Sobre el vínculo con los agentes de salud, una militancia lenta que según las experiencias recogidas en el libro es descuidada a veces por las activistas, más concentradas en los cambios legislativos, Rosenberg admite que es “una relación que deberíamos profundizar. En las encuestas anónimas hay muchísimo consenso, pero estas posiciones no se hacen públicas y después cada médico se arrincona en su pertenencia institucional”.
La sanción de la ley sudafricana se dio en el contexto del fin del apartheid. Tres aspectos influyeron en el éxito de la legalización: el clima político e ideológico del momento, que garantizaba los derechos de los actores sociales hasta entonces excluidos; el entrecruzamiento de actores de la sociedad civil y del gobierno –los técnicos del Consejo Nacional Africano, en el gobierno, eran los que hasta poco tiempo antes habían actuado desde la sociedad civil–; la equidad cultural y religiosa de la ley. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue sancionada acomienzos de 1997 y autoriza el aborto a petición hasta las 12 semanas, y en una serie amplia de circunstancias hasta las 20 semanas. Las menores de 18 años no necesitan el consentimiento paterno y la intervención puede ser hecha por parteras capacitadas.
La implementación fue en términos generales positiva desde el accionar del gobierno y de las ONG –hubo centros de atención especiales, talleres para los agentes de salud, investigaciones e intervenciones en el sistema de salud, se capacitaron médicos y enfermeras en el método de aspiración manual endouterina y se auditó la implementación–. Sin embargo, el sistema de salud heredado del apartheid estaba en transformación y esto perjudicó el acceso. De los 246 servicios designados para proveer el servicio, sólo un 28 por ciento lo hacen; de los servicios en funcionamiento, el 99 por ciento pertenece a zonas urbanas (mientras que la mitad de la población, y la de menos recursos, vive en zonas rurales). Tampoco fue buena la comunicación: hasta 2000 el gobierno no había hecho una campaña masiva, de hecho sólo el 53 por ciento de las mujeres sabían que los abortos son legales. Las ONG tampoco mantuvieron la cohesión después de la sanción, compitieron por los subsidios y volcaron su atención a temas urgentes como el sida o la violencia contra las mujeres
“El advocacy –puntualiza Rosenberg– busca el aborto legal y seguro como un bien para las mujeres. Lo contrario de esto es el aborto ilegal e inseguro, no el ‘no aborto’, que no existe porque en la situación actual las mujeres recurren al aborto ante un embarazo involuntario.” Señala a su vez Klugman: “En el pasado, todas las culturas contaban con formas de proveer abortos a las mujeres que, por diversas razones, no deseaban hijos. Sin embargo, en los últimos siglos, la sociedad ha tratado de limitar cada vez más la capacidad de las mujeres de controlar su capacidad reproductiva”.