La visita de Sergio Massa al ex intendente de Nueva York, Rudy Giuliani, quien el año pasado formó parte de la campaña electoral del Frente Renovador, fue más cómoda que el encuentro con Claudio Grossman. En octubre, Massa y el republicano Giuliani presentaron en San Fernando una serie de propuestas “La seguridad, una necesidad de todos. Leyes de tolerancia cero contra el delito y la droga”. Esta semana Massa lo visitó en la consultora Giuliani Partners que, según su presentación institucional, ayuda a los dirigentes a “resolver cuestiones estratégicas cruciales”. Ese asesoramiento constituye el modo de vida de Giuliani, quien se hizo famoso con el lema de Tolerancia Cero. Su verdadero autor fue el ex jefe de policía de Nueva York, William Bratton. Lo que los admiradores aborígenes de ambos nunca dicen es que la Tolerancia Cero que Bratton aplicó en la Gran Manzana comenzó por las propias filas policiales, donde hizo la profunda limpieza de la corrupción que siempre eluden los cacareadores argentinos de la guerra al delito, que ni siquiera pueden explicar con qué fondos pagan el costoso know how de Giuliani. En su último palique con Massa, en su oficina a un par de cuadras del Central Park, Giuliani reclamó que se aumentaran en la Argentina las penas para el narcotráfico y propuso trasplantar la ley norteamericana conocida como Three Strikes Out, por la cual quien comete un delito por tercera vez debe pasar el resto de su vida en la cárcel. Responsable de la descomunal tasa de prisionización estadounidense, hoy se la considera una política fracasada, que está en proceso de revisión. La más dura de esas leyes fue sancionada en California en 1994, luego de que ex convictos cometieran delitos violentos. Pero según un estudio del Instituto para una Política de Justicia, dos tercios de quienes recibieron la tercera condena fueron encarcelados por delitos no violentos, como hurto o posesión simple de drogas, casi la mitad de ellos son negros y un tercio hispanos. En 2004 una propuesta para derogar la ley llegó al 47 por ciento de los votos, pero en noviembre de 2012 la denominada Propuesta 36 se impuso en otro plebiscito con un abrumador 69 por ciento. Esta nueva ley estableció un mecanismo para acortar las sentencias de condenados a prisión perpetua por delitos menores no violentos y que ya no representan una amenaza para la seguridad pública. Impulsada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford y por el Fondo de Defensa Legal y Educativo de la Asociación para el Avance de las Personas de Color, NAACP, la reforma de la ley contó incluso con el apoyo del propio Bratton, del jefe de policía y del Fiscal de Distrito de Los Ángeles, Charlie Beck y Steve Cooley; del ex jefe de policía y actual Fiscal de distrito de San Francisco, George Gascón, y del ex ídolo del básquet y ex senador y ex precandidato presidencial Bill Bradley, lo cual muestra qué extendida está la conciencia de su irracionalidad e ineficiencia. El procedimiento incluye una revisión de cada caso por un juez del Superior Tribunal para determinar si la liberación del prisionero no implicará un riesgo irrazonable a la seguridad pública. Hasta la fecha han sido liberados mil internos y está pendiente el trámite de aplicación a otros dos mil. La coalición reformadora de la ley destaca la importancia decisiva que tiene la existencia o no de programas de reinserción en la comunidad y denuncia que no existe ninguno con fondos oficiales para quienes vuelven a la libertad “sin dinero ni ropa ni empleo”. Éste debería ser un punto fundamental del debate argentino sobre la reforma del Código Penal, pero ha quedado oscurecido por los arrebatos protofascistas y las groseras mentiras del Frente Renovador sobre el anteproyecto. El lunes 7, su texto será sometido a consideración de Universidades Nacionales, facultades de Derecho y organizaciones de la sociedad civil, para que sus aportes enriquezcan a la comisión redactora que presidió Raúl Zaffaroni, antes del envío al Congreso, del que el Poder Ejecutivo no ha desistido. Pese a la defección del Estado californiano en proveer alojamiento temporal, servicios de salud mental y capacitación laboral, que quedaron a cargo de organizaciones privadas, los resultados son alentadores: entre los liberados debido a la Propuesta 36 la tasa de reincidencia en el primer semestre no llegó ni al 2 por ciento, una cifra muy inferior al promedio de reincidencia de California, que es del 27 por ciento, y de todo el país, que llega al 30 por ciento. Según la Universidad de Stanford y la NAACP, California ahorraría mil millones de dólares en los próximos diez años si la Propuesta 36 se aplicara a todos los internos que cumplen con las condiciones establecidas. Según la Rand Corporation, la cantidad de delitos se reduciría 15 veces si el dinero que se destina a las prisiones se invirtiera en programas de tratamiento. Mientras Massa coincidía con Giuliani y disentía con Grossman, la CIDH realizó en Washington una audiencia temática en la que 17 organizaciones de derechos humanos y civiles del continente (entre ellas la American Civil Liberties Union de Estados Unidos y el CELS), expusieron las negativas consecuencias que ha tenido la política de drogas y pidieron que la Comisión incorpore la cuestión a su agenda permanente de trabajo; que produzca diagnósticos con información empírica confiable sobre los impactos de las políticas de drogas en los derechos humanos, involucrando el trabajo de las relatorías de privados de libertad, de la situación de mujeres, de la unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que evalúe la posibilidad de elaborar un documento de principios de derechos humanos y políticas de drogas; que tenga en cuenta los modelos alternativos que están desarrollándose en algunos países de la región como Uruguay y que se elaboren recomendaciones a los estados y demás órganos de la OEA. Entre las cuestiones más sensibles, mencionaron las fumigaciones y el desplazamiento de las comunidades campesinas afectadas; el impacto en las tasas de encarcelamiento, con especial atención a la situación de mujeres presas; la desproporcionalidad de las sentencias, la persecución y criminalización de los usuarios; la falta de acceso a tratamiento de salud; el hostigamiento y las detenciones a jóvenes. También pidieron que la CIDH inste a los estados a poner el respeto a los derechos humanos y la reducción de la violencia como objetivo central de las políticas de drogas: “La región está asistiendo a un cambio de paradigma, de revisión y crítica de las políticas actuales, que han demostrado ser dañinas e ineficaces”.