El secretario de Comercio, Augusto Costa, celebró el fin de semana la decisión de la mayor parte de los laboratorios de acatar la resolución oficial de retrotraer los precios de los medicamentos a los valores vigentes al 7 de mayo. “Estamos seguros de que a partir de esta conducta responsable de la industria farmacéutica se podrá retomar una agenda de trabajo constructiva con el sector”, confió el funcionario, que en los últimos días había amenazado con aplicarles la Ley de Abastecimiento por la violación del acuerdo de precios que las propias empresas habían firmado.

En un comunicado de prensa, Costa destacó que “este gobierno siempre apuesta al diálogo y a la búsqueda de consensos con los distintos sectores productivos para alcanzar un equilibrio entre las demandas de las empresas, los objetivos de la política económica y las necesidades de todos los argentinos”. En esa línea, el funcionario explicó que el Estado tiene la obligación de velar por los intereses de todos, especialmente en un tema tan sensible como los medicamentos.

El conflicto con los laboratorios comenzó a principios de año. Luego de la devaluación de mediados de enero, los laboratorios aplicaron subas del 15 al 50 por ciento en cinco mil medicamentos. Desde las propias empresas reconocieron que el ajuste promedió un 25 por ciento. Debido a esta situación el Gobierno comenzó a negociar para que dieran marcha atrás con los ajustes. El acuerdo no fue fácil, porque la canasta que ofrecieron rebajar en un primer momento estaba compuesta en su mayoría por medicamentos poco consumidos.

En los días siguientes, las partes continuaron conversando y el 24 de febrero el sector se comprometió a retrotraer el valor de los medicamentos al 31 de diciembre y aplicar aumentos promedio del 4 por ciento sobre esa base. En los hechos, la medida implicó una baja, porque en enero las subas habían estado muy por encima del aumento que finalmente les autorizaron. Costa realizó el anuncio acompañado por los referentes de las principales cámaras empresarias de la actividad: Cilfa (laboratorios nacionales), Caeme (extranjeros) y Coopera (pequeñas y medianas compañías).

En ese momento se consensuó también conformar una mesa de trabajo para evaluar la situación de costos de la actividad. En esta comisión debían participar la Secretaría de Comercio, los principales actores de la cadena farmacéutica y otros organismos públicos. “La idea es estudiar medidas y circunstancias que afectan a cada uno de los sectores. También revisar la estructura de costos para asegurar condiciones de sustentabilidad de la industria”, subrayó entonces el ministro de Economía, Axel Kicillof. Ya por entonces se remarcó que la suba del dólar del 20 por ciento registrada en enero tuvo un impacto moderado para esta actividad, porque gran parte de los desembolsos son en moneda local. Por caso, los gastos de promoción, comercialización y salario de visitadores representan 50 por ciento de los costos totales del negocio.

El acuerdo comenzó a regir el 1º de marzo. El cumplimiento del acuerdo fue desparejo. Algunas empresas actuaron según lo convenido, otras llegaron al promedio acordado a partir de subas en los productos más vendidos y estabilidad en los de menor salida, y otras firmas directamente no cumplieron. A su vez, a fines de mayo los laboratorios ajustaron entre 3 y 4 por ciento el precio de los medicamentos. Argumentaron que sus reclamos en abril y mayo para actualizar los valores no fueron escuchados por el Gobierno. Por eso tomaron la decisión de manera unilateral. El Gobierno respondió que los laboratorios habían llevado adelante prácticas colusivas. En función de esa denuncia, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia comenzó a investigar si las prácticas de las firmas del sector pueden encuadrarse como “anticompetitivas”. Como el proceso para que ese organismo emita un dictamen resolutorio es engorroso, el Gobierno apeló a la Ley de Abastecimiento y ordenó retrotraer los precios de todos los medicamentos de venta con receta a los valores del 7 de mayo por un período de 60 días. “Sorpresiva, arbitraria e ilegal”, calificaron la medida las tres cámaras sectoriales y anticiparon que irían a la Justicia.

“Los laboratorios están acostumbrados históricamente, en la Argentina y en el mundo, a dar órdenes y siempre negocian con rehenes, que son quienes tienen que consumir medicamentos cuando padecen una patología. Estamos dispuestos a dar batalla para que cualquier abuso se vea imposibilitado”, retrucó el secretario Costa cuando parecía que el enfrentamiento estaba a punto de recrudecer. Finalmente, los laboratorios decidieron dar marcha atrás y cumplir con lo pautado por el Gobierno. Costa agradeció a través de un comunicado y ahora continuarán trabajando para ponerse de acuerdo. “Están dadas las condiciones para llevar adelante un trabajo articulado y provechoso entre el Gobierno, los laboratorios, las droguerías y las farmacias”, concluyó.