A veces impresiona o hasta subleva cómo se reconstruye la historia reciente. Olvidos selectivos, injustas amnistías encubiertas, un kirchnercentrismo falaz a fuer de exorbitante. Hablamos, en este caso, del vigésimo aniversario del atentado a la AMIA. La ironía puede ser un rebusque para canalizar la bronca, permítase colar una: aunque oír ciertos discursos o leer ciertos artículos induzca a pensar lo contrario, el atroz crimen ocurrió mucho antes del advenimiento del actual oficialismo.

Las dos décadas ulteriores a un delito no son homogéneas, por así decir. Cualquiera sabe que las primeras horas, los primeros días o meses son esenciales para la investigación. La demora perjudica la búsqueda de información o de culpables. Fue en 1994 cuando la AMIA voló en pedazos, se segaron 85 vidas y se dañaron muchas más.

La investigación fue obstruida adrede por el gobierno del presidente Carlos Menem, los servicios de informaciones, las policías, autoridades de la colectividad judía. No hubo, “apenas”, pasividad. Medió el designio de proteger a los culpables, de sembrar pistas falsas, de sobornar, de distraer e impedir. El juzgado de Juan José Galeano (designado poco tiempo antes por el entonces titular de la SIDE) fue uno de los pilares, dirigido desde más arriba.

Las autoridades de la DAIA, encabezadas por Rubén Beraja, avalaron el encubrimiento. En 1997, durante el acto conmemorativo del tercer aniversario en la calle Pasteur, muchos manifestantes lo increparon. Beraja porfió en su acendrada defensa del gobierno. La rechifla no lo acalló, tampoco que muchas personas le dieran la espalda, en un gesto inolvidable, olvidado por demasiados argentinos. Beraja corrió esa tarde a pedir excusas a la Casa Rosada.

Ese gesto, consagratorio de una complicidad política manifiesta, repicó en los discursos de las actuales autoridades de la DAIA y AMIA. En silencios estridentes acerca del moroso expediente que busca investigar el encubrimiento.

Los principales procesados son Menem, Anzorreguy, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, Galeano, Beraja. El ex ministro Carlos Corach fue desincriminado hace unos días por una oportuna resolución del juez Ariel Lijo.

Diana Malamud, familiar de una víctima, devenida luchadora y referente de Memoria Activa, recordó anteayer esa causa atrancada en su testimonio ante el Palacio de Tribunales. Explicó que, tal vez, sea el mejor camino posible para conocer algo de lo que pasó. Indagar a los sospechosos, en una de esas, ayude a desentrañar por qué y a quién encubrieron.

Las tramoyas de los encubridores llevaron a que “la primera causa AMIA” fuera anulada por basarse en pruebas contaminadas.

Ese es uno de los ejes de la impunidad, que difícilmente pueda revertirse tantos años después. Soslayarlo es un modo de mentir, de afrentar a las víctimas.

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Durante el mandato del fallecido presidente Néstor Kirchner se creó una fiscalía especial, encargada a Alberto Nisman. Entre las hipótesis no comprobadas (sí que dignas de ser profundizadas) Nisman se inclinó por la conexión iraní. Es la favorita del gobierno de Estados Unidos, lo que no prueba que sea falsa. La teoría del fiscal, entonces, amerita ahondarse.

Sí salpican su accionar y su credibilidad los escasos resultados obtenidos. Y también su contacto permanente con “la Embajada” de la que es asiduo concurrente e informante. No es una tesis conspirativa sino hechos comprobados por los documentos de Wikileaks, emanados del propio gobierno norteamericano, malgré lui. Los libros Argenleaks y Politileaks, del periodista Santiago O’Donnell, sistematizan esos documentos en sendos capítulos, titulados “AMIA” y “Nisman, Alberto”. Describen, con citas contundentes, una conducta deplorable. Nisman fue anticipando, en escala uno en uno, todos sus dictámenes a representantes de un Estado extranjero. Se salteó avisarles que iba a pedir la captura de Menem: les pidió disculpas varias veces. Les presentó un borrador de uno de sus dictámenes para que lo analizaran.

La Embajada bajó línea que tiene buen acatamiento en estas pampas. Entre otras lindezas, funcionarios estadounidenses le recomendaron a Nisman dejar de lado “la conexión local” y “que se enfoque en los perpetradores del ataque y no en el posible desmanejo de la primera investigación”: llaman “desmanejo” al encubrimiento, bellezas del lenguaje diplomático...

Memoria Activa insta la remoción de Nisman y sobran razones.

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Mientras fue legisladora, Cristina Fernández de Kirchner se interesó y se comprometió a fondo con la investigación y contra quienes la dificultaron. El Memorándum fue un intento para destrabar una causa que estaba atascada. En opinión de este cronista, era un pacto muy barroco, de arduo cumplimiento. Una visión voluntarista presupuso que se iría construyendo un nuevo escenario, que exigía desde el vamos cooperación del Estado iraní.

Una sala de la Cámara Federal (acusada de oficialista por los medios dominantes) declaró inconstitucional el tratado. El Estado recurrió, el expediente está en Casación.

Este cronista opina que el Memorándum no es inconstitucional ni mucho menos que responde a fines aviesos. Pero sí piensa, con más énfasis a medida que pasa el tiempo, que es un intento que no llegará a un desenlace deseable. Las indagatorias no avanzan, la Comisión de la Verdad no se conforma.

La eficacia es una vara ineludible de las medidas políticas. Si ésta no rindió los frutos buscados, tal vez sea hora de dejarla de lado.

Al Gobierno no le agrada dar el brazo a torcer. Sin embargo, ése es el criterio que parece más lógico. Si se deja sin efecto el acuerdo, empero, no renacerá un expediente ejemplar. Se volverá a la parálisis patente desde hace añares, removerla sería un milagro, seguramente inaccesible.

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Jurídicamente es muy discutible la propuesta de legislar juicios en ausencia, por ahora no contemplados en el sistema penal argentino. No se aplicó en procesos vinculados al terrorismo de Estado contra represores prófugos fuera del país.

Un juicio sin que los acusados ejerzan su derecho a defenderse suena a simulacro. En el orden internacional vigente parece imposible que aun con una condena en esas condiciones, se extradite a los presuntos culpables. El desenlace más factible sería sentencia poco creíble que no derivaría en sanciones cabales... por no hablar de la legalidad.

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La pretendida panacea no es tal. Se puede polemizar sobre este punto, pero no sobre la espiral de silencio que arropa a los acusados de encubrimiento. Políticamente, entiende este cronista, son culpables los procesados y alguno más.

Subrayamos “políticamente” ya que la responsabilidad penal es individual y debe probarse de modo mucho más estricto. Que prospere esa causa y progrese (es un decir) la segunda sobre los autores materiales son los objetivos actuales. Es muy peliagudo que se consigan evidencias cuando pasó tanto tiempo.

La lucha de todos los familiares (allende sus divisiones y variadas posturas) es otro de los demasiados ejemplos que prodiga nuestra historia reciente sobre la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Honor y agradecimiento a ellos, que nunca bajaron los brazos. Ni reportaron a los gobiernos de Estados Unidos e Israel, a diferencia de protagonistas con responsabilidades institucionales.